El Defensor del Pueblo ampara a la Policía frente al Gobierno por dejarle sin protección ante el virus

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha emitido una carta en la que ampara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la «patente falta» de test diagnósticos de coronavirus y de diverso material para protegerse del contagio.

En un escrito que desvela OKDIARIO, este organismo ampara al Sindicato de Policía Asociada (PLA) en sus quejas por la desprotección que sufren por parte de las autoridades. «Esta institución no puede sino compartir el criterio respecto de la conveniencia de que a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se les realicen las pruebas diagnósticas del Covid-19 y se les proporcionen todos los medios de protección adecuados», afirma en dicho escrito.

A continuación extiende este apoyo «al personal sanitario y a cuantos en la presente situación prestan servicios esenciales frente a la pandemia».  Fernández Marugán pone en valor que estos profesionales están «asumiendo riesgos y posibilitan con su esfuerzo y sacrificio la seguridad, el orden y la atención sanitaria».

«Patente falta de material»

Por otra parte, añade que «es patente la insuficiencia de medios», en referencia a los test de coronavirus, guantes, mascarillas y otros elementos de protección. Agrega que «deben ser las autoridades sanitarias competentes las que determinen la gestión de los recursos escasos disponibles y quienes establezcan las prioridades en su empleo». Un proceso en el que el Defensor del Pueblo «no considera pertinente interferir».

El Defensor señala igualmente que «es precisa la máxima colaboración institucional y ciudadana para que las medidas resulten eficaces» y asegura que esta institución «toma nota de cuantas incidencias y disfunciones le sean trasladadas».

En el caso de que estos errores sean graves, este organismo pasará a la acción. «En el supuesto de que limitasen injustificadamente los derechos cuya garantía corresponde al Defensor del Pueblo, se motivaría su intervención inmediata», avisa en el texto.

Por ahora, según defiende Fernández Marugán, no hay base para tomar cartas en el asunto directamente porque la declaración de estado de alarma no suspende los derechos que él custodia. «Las medidas están dictadas en atención a criterios técnicos y en el ejercicio de facultades políticas extraordinarias y constitucionalmente previstas en la declaración del estado de alarma, lo que no conlleva, como se expresa en su preámbulo, la suspensión de ninguno de los derechos fundamentales cuya garantía encomienda la Constitución al Defensor del Pueblo y que son el fundamento de su posible intervención», expone.

«La inquietud que genera esta situación, la amplitud y variedad de los problemas que surgen y la ausencia de precedentes impiden dar una respuesta precisa a las muy diversas situaciones particulares que se están planteando en estos días ante esta institución», lamenta.

En este punto apuesta porque el órgano que dirige «ha de ser en estos momentos extremadamente prudente en el ejercicio de su función supervisora respecto de la actuación y las decisiones que están adoptando las autoridades públicas, a fin de no distraer con su intervención, si no es justificadamente imprescindible, la atención prioritaria que ha de prestarse al diseño y aplicación de las medidas orientadas a la contención de la pandemia».