El coste del bloqueo en el Parlament: 21.000 euros diarios sólo en sueldos de diputados

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 05/02/2018 03:10
  • Actualizado: 05/02/2018 03:10

La incapacidad de los independentistas para desbloquear la legislatura tiene, entre sus consecuencias, un daño indudable para las arcas públicas. El Parlament gasta diariamente más de 21.000 euros solo en sueldos de los diputados. 

La XII legislatura comenzó el pasado 17 de enero, con la sesión constitutiva en la Cámara catalana, la toma de posesión de los diputados y la elección del presidente del Parlament (Roger Torrent) y el resto de miembros de la Mesa. Desde entonces, no se ha celebrado ninguna sesión de pleno -el de investidura, convocado para el pasado 30 de enero, fue aplazado- ni comisión. La actividad política es por tanto nula, al margen de las reuniones de la Junta de portavoces.

Pese a ello, y aunque no exista president investido, los diputados gozan de su condición con plenos derechos. Y entre ellos, el de recibir su retribución. Con 2.871,57 euros de sueldo base, los parlamentarios catalanes son, además, los mejor remunerados del país.

Torrent (ERC): 9.359,96 euros al mes

En el caso de los miembros de la Mesa, la remuneración es distinta y aún más elevada. El presidente, Roger Torrent (ERC), cobra 9.359,96 euros mensuales; los vicepresidentes, Josep Costa (Junts per Catalunya) y José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos), 6.769,70 euros; y los secretarios, cuatro, 5.286,55 euros mensuales.

El Parlamento catalán lo componen 135 diputados, lo que supone un gasto mensual fijo de 411.606,52 euros. A esta cantidad hay que sumar el plus que recibe cada uno de ellos por desplazamiento, y que va desde los 1.671,83 a los 2.353,30 euros mensuales, libres de impuestos, en función de la distancia entre el Parlament y su residencia. En total, 637.303,57 euros, en su límite más bajo. Es decir, 21.243,45 euros diarios, únicamente destinados a los sueldos de sus señorías.

El Parlament dispone de un presupuesto anual de 57,7 millones de euros para su funcionamiento. Con lo que, haciendo el cálculo, mantener abierta la Cámara ascendería hasta los 147.000 euros por día. Cabe recordar que, desde julio de 2017, no se celebran ni sesiones de control al Govern, ni comisiones.

Y todo, mientras los independentistas continúan instalados en el bloqueo para elegir al próximo presidente de la Generalitat.

ERC pone líneas rojas a Puigdemont

Las maniobras de Carles Puigdemont para ser investido tienen, no obstante, los días contados. El expresidente catalán será inhabilitado en cuanto el Supremo dicte auto de procesamiento, algo que podría ocurrir en el plazo de dos meses. Suspendida su condición de diputado, Puigdemont no podrá acceder a la presidencia ya que el propio Estatuto de Autonomía exige que el presidente sea elegido por el Parlament entre sus miembros.

Entre tanto, ERC sigue marcando sus líneas rojas. Este viernes, la secretaria general, Marta Rovira, advirtió de que su grupo no apoyará una investidura que tenga «consecuencias penales» para sus participantes. Una manera encubierta de confirmar que no apoyarán la investidura de un Puigdemont que persiste en incumplir la legalidad. Varios diputados están, en este momento, en libertad condicional: Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa por ERC, Jordi Turull, Josep Rull y Lluís Guinó por JxCat y Joan Josep Nuet en los comunes, y podrían volver a la cárcel si el nuevo gobierno retoma la senda de la ilegalidad.

Como informó OKDIARIO, el presidente del Parlament puede mantener suspendida la investidura sine die, en tanto así lo permite el propio reglamento. En concreto, el artículo 103 que establece que «la Mesa del Parlamento puede acordar la prórroga de los plazos establecidos por el presente reglamento. Salvo casos excepcionales, las prórrogas no deben exceder de un tiempo igual al fijado».

Plazos e incertidumbres

Torrent ha asegurado que convocará el pleno de investidura en tanto existan «garantías» e insiste en que su único candidato sigue siendo Carles Puigdemont. No obstante, las distintas interpretaciones jurídicas siembran los plazos de incertidumbres.

Lo más probable es que ese pleno se convoque cuando el Tribunal Constitucional resuelva sobre la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno. El alto tribunal dio el pasado sábado un margen de diez días para que las partes presentasen alegaciones. No obstante, eso no implica nada: los magistrados no están presionados por plazos legales para tomar una decisión.

La ambigüedad del redactado, «salvo casos excepcionales», podría hacer que Torrent siga aplazando el pleno cuanto considere.