El contrato entre PDVSA y Baltasar Garzón incluía 1,9 millones para «coordinar la labor de jueces y fiscales”

El ex jefe de la Inteligencia de la dictadura venezolana Hugo El Pollo Carvajal ha entregado este jueves al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un documento que revela que el ex juez Baltasar Garzón cobró presuntamente 8,8 millones de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El contrato revela una partida de 1,9 millones del montante por «coordinación con la Fiscalía». En la actualidad la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, es pareja del ex juez.

La documentación que obra en poder del Juzgado Central de Instrucción número 6 refleja una solicitud de contratación al bufete Ilocad SL, cuyo administrador único es Baltasar Garzón Real, fechado el 15 de noviembre de 2016. El documento está firmado por el entonces comisario principal de petróleos de PDVSA, Silvestre Molero, y el ex presidente de la petrolera venezolana Eulogio del Pino y refleja la aprobación del desvío de 8.835.000 euros al despacho del ex juez. Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la estatal explican a OKDIARIO que todos los contratos directos o indirectos –es decir, a través de intermediarios– de la petrolera debían ser solicitados y aprobados internamente.

El documento desglosa la partida que se destinaría a cada uno de los servicios ofrecidos, presuntamente, por el ex juez en la causa de PDVSA, que actualmente se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, y en la que su despacho defiende a la petrolera venezolana. Fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que PDVSA decidió interponer la querella con el único fin de adelantarse a una posible imputación de la propia petrolera que ya estaba siendo investigada en EEUU.

«Coordinación con la Fiscalía»

El despacho Ilocada SL presenta un presupuesto, según el documento, de 8.835.000 euros desglosado de la siguiente manera:

– 1.650.000 euros en «asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios a otorgarse por las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela».

– 2.105.000 euros en «preparación y presentación del documento de demanda o litigio ante las autoridades competentes de España».

– 1.980.000 euros para la «coordinación con la Fiscalía y tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas».

Esta última partida es muy relevante, puesto que en la actualidad el despacho Ilocad SL continúa ejerciendo la representación letrada de PDVSA y la Fiscalía con la que iba a «coordinarse» está en manos de la actual pareja de Baltasar Garzón, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

El juez García-Castellón, con todas las pruebas sobre la mesa, deberá decidir si investiga estos hechos presuntamente delictivos. Pero hay que destacar que el magistrado tendrá en cuenta el criterio de la Fiscalía, que deberá pronunciarse al respecto y que tiene como máxima representante a la ex ministra socialista.