Ciudadanos rechaza hacer una purga masiva de altos cargos en sus consejerías de Andalucía
El partido de Juan Marín no prevé realizar un cese masivo de altos cargos en sus cinco consejerías y su Vicepresidencia dentro del Gobierno de la Junta de Andalucía, el primero al que accede a nivel autonómico.
Desde la formación naranja, con una estructura de cuadros que todavía no llega a ser extensa en esta comunidad, la búsqueda de perfiles afines para puestos de responsabilidad no está siendo tarea fácil, reconocen fuentes del partido centrista.
De hecho, la propia consejera de Igualdad, Política Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, se incorporó a la política en las pasadas elecciones andaluzas del 2 de diciembre, en las que fue cabeza de lista por Huelva sin pasar por primarias y tras haber estado vinculada durante 28 años la docencia. Es decir, de dirigir un instituto público ha pasado al Gobierno regional pese a no tener conocimiento de cómo funciona la Administración andaluza al máximo nivel ni su relación con el poder legislativo del Parlamento autonómico.
De esta manera, Ciudadanos no ve inconveniente alguno en recurrir a altos cargos del anterior Gobierno socialista, fundamentalmente personal funcionario al que se le presume una debida independencia política. El problema está en que buena parte de esos funcionarios deben la plaza al PSOE, que los colocó a dedo durante décadas.
2.137 funcionarios ‘a dedo’
En concreto, según los últimos datos difundidos por la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz, el número total de empleados públicos de la Junta de Andalucía asciende a 270.101 personas, de los que 660 son cargos de confianza, que cesarán de forma automática con el nuevo Gobierno, mientras que otros 2.137 funcionarios están en puestos de libre designación en la Administración autonómicos.
Respecto a estas 2.137 plazas de libre designación, el informe de la Oficina del Portavoz precisa que se trata de funcionarios de carrera por oposición y jefes de servicio tras el procedimiento público interno convocado.
En ese informe, conocido antes de la investidura de Juanma Moreno y elaborado por el Gobierno de Susana Díaz, se dice que “no se ajusta a la realidad la imagen social que se pretende dar de que se trata de puestos ocupados de manera arbitraria o por personas ajenas al cuerpo de funcionarios”. Y se incide que lo que se “procura es la cobertura de estos puestos especiales con el personal funcionario más preparado para cada uno de los perfiles”.
«Ejército de ocupación»
Precisamente, éste es el argumento que esgrime la dirección de Ciudadanos. El responsable de Economía del partido centrista, Luis Garicano, ha cuestionado en las redes sociales en relación a Andalucía «la típica práctica de PP y PSOE de entrar en las instituciones como un ejército de ocupación y echar a todo el mundo, sean buenos, malos o regulares porque ‘no son de los nuestros’». De este modo, ha subrayado que «gobernaremos con los mejores, sean o no de Ciudadanos».
Con todo, PP y Ciudadanos se comprometieron en su acuerdo de gobierno a «desmontar» la llamada «Administración paralela» que creó el régimen socialista, esto es, la colección de organismos autónomos, entes instrumentales y otras estructuras duplicadas e innecesarias de la Junta de Andalucía.
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