Casi un tercio de los presos etarras acercados por Sánchez tiene delitos de sangre

Desde que Sánchez llegó a La Moncloa, gracias a la moción de censura -en junio de 2018- se han autorizado 121 traslados, correspondientes a movimientos de 108 terroristas. De ellos, 33 tienen delitos de sangre. La asociación recuerda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prometió que los acercamientos serían mínimos.

Desde que el Gobierno negocia con Bildu la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, estos traslados se han multiplicado. Precisamente, el mismo día que Arnaldo Otegi anunció su apoyo a las cuentas del Estado, se conoció el acercamiento de cinco miembros de ETA, entre ellos, el asesino del matrimonio Jiménez-Becerril.

Los últimos seis terroristas fueron trasladados este pasado viernes. Entre ellos se encuentra Jon Igor Solana Matarrán, miembro del ‘comando Andalucía’ que asesinó en el año 2000 al concejal José Martín Carpena en Málaga, al fiscal Luis Portero en Granada y al médico Antonio Muñoz Cariñanos en Sevilla.

Etarras sanguinarios

La asociación destaca que alrededor del 60% de los algo menos de 200 presos de ETA han sido ya movidos de prisión.

Así, a las cárceles del País Vasco y Navarra se han efectuado 23 traslados -de los que 10 son por progresión al tercer grado y dos por enfermedad; siete han quedado en libertad por cumplimiento de condena. Además, 17 presos de ETA han obtenido el tercer grado, de los que cinco tenían delitos de sangre y seis han alcanzado la libertad condicional.

Entre los últimos etarras trasladados se encuentra José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’, quien fue jefe de los comandos de ETA en los años 90. En su sanguinario historial se encuentran los asesinatos de Fernando Múgica Herzog o el matrimonio formado por concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García, entre otros.

«Los quieren libres»

Desde la AVT destacan que la intención de los proetarras es lograr la liberación de esos presos. Así, recuerdan que con frecuencia insisten en que «no los quieren cerca, los quieren libres».

El temor de la asociación es que, entre esas cesiones, Interior incluya a terroristas con un perfil especialmente sanguinario que actualmente continúan en las cárceles de Andalucía o Murcia, las más alejadas al País Vasco.

Entre ellos se encuentra, por ejemplo, ‘Txapote’, que hace semanas abandonó el módulo de aislamiento en Huelva -donde se encuentra también su compañera de comando Irantzu Gallastegi Sodupe-, aunque sigue clasificado en primer grado, el régimen más duro.

Este etarra participó como miembro del comando Donosti en el asesinato del dirigente socialista vasco Fernando Múgica y los ediles del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco.

En la cárcel de Jaén se encuentra Beinat Aginagalde Ugartemendia, que está condenado por los asesinatos del concejal Isaías Carrasco y del empresario Ignacio Uría, en 2008.

Por su parte, Igor Portu y Martín Sarasola se encuentran en las prisiones de Córdoba y Jaén, respectivamente, cumpliendo condena por ser los autores del atentado de la T-4 en Madrid de dos años antes, en 2006, matando a dos ciudadanos ecuatorianos.

También destaca Francisco Mujika Garmendia, ‘Pakito’. Miembro del colectivo Artapalo y jefe de ETA en la etapa más sanguinaria, hasta que fue desarticulado en Bidart en 1992.

Desde la AVT recuerdan que Grande-Maslaska se comprometió a no acercar a presos con delitos de sangre o que tuvieran largas condenas aún por cumplir.

Desde Interior defienden que se limitan a cumplir con la legislación penitenciaria tras la derrota y posterior disolución de ETA, lo que hace prescindible la dispersión de etarras que fue clave en la lucha antiterrorista. Además, sostienen que son las juntas de tratamiento las que promueven estas decisiones, que hasta ahora no han sido en ningún caso revocadas por los tribunales.

La crítica de la AVT, muy molesta con las posiciones sobre EH Bildu del vicepresidente Pablo Iglesias, se ha mantenido durante todo el 2020, acusando al Ejecutivo de incrementar el ritmo de traslados a cárceles más próximas al País Vasco para aprobar unos Presupuestos «manchados de sangre», algo que esta semana ha negado en el Senado una vez más Grande-Marlaska, al decir que no hay ningún «canje».