Bruselas avisa a Sánchez: «No debe comprometer la independencia judicial» con la reforma del CGPJ

Bruselas ha reiterado este martes que va a observar «con atención» el desarrollo de la reforma planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez para cambiar el sistema de elección del CGPJ, días después de advertir la Comisión Europea de que no debe comprometerse la independencia judicial ni dejar que el órgano de gobierno de los jueces sea percibido como «vulnerable a la politización».

«No ha habido muchos cambios en los últimos días: Dejamos clara nuestra posición respecto a la propuesta y seguimos de cerca su desarrollo», ha indicado en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, que ha retomado así la línea expresada el pasado jueves.

Desde entonces, ha añadido el portavoz, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha contactado con los servicios de la Comisión Europea ni nadie del Ejecutivo comunitario con sede en Bruselas se ha dirigido a Madrid para ahondar en la reforma del CGJP, aunque de manera general los contactos entre Bruselas y las capitales son frecuentes.

La primera advertencia de la Comisión Europea coincidió el pasado jueves con la llegada del presidente del Gobierno a Bruselas para asistir a una cumbre de líderes de la UE, tras la cual Sánchez restó gravedad al aviso y subrayó que semanas antes la propia Comisión recogía en un informe la necesidad de renovar el CGPJ.

Ese mismo día también el líder del Partido Popular, Pablo Casado, viajó a Bruselas para asistir a una reunión previa de líderes de la familia conservadora europea y aprovechó entonces para verse con la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Casado también fue recibido por el comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, a petición de político ‘popular’, que quiso discutir con el comisario sobre la reforma del CGPJ y pedir al Ejecutivo de Von der Leyen que actuara. Casado también remitió una carta firmada con la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en la misma línea.

El informe de la Comisión, en el que se evaluó el Estado de derecho en los Estados miembro, apuntaba en el caso de España que la renovación del CGPJ constituye un «desafío» y advertía de que este órgano no debía ser percibido como «vulnerable a la politización».

El documento recalcaba asimismo la importancia de «reducir la influencia de los poderes legislativo y ejecutivo sobre la judicatura para reforzar la independencia judicial». «Los estados miembros deben seguir los estándares de la Unión Europea para asegurar que no se compromete la independencia judicial», apuntó entonces el portavoz comunitario en declaraciones a Europa Press.

El Ejecutivo comunitario con sede en Bruselas publicó hace apenas una semana su primera evaluación del Estado de derecho en cada Estado miembro y, en el caso de España, no detectó riesgos graves en su sistema democrático pero alertó de que la situación del CGPJ en España era un «desafío» que se debía afrontar.

Polonia pregunta a Bruselas

El Ejecutivo de Polonia ha reaccionado ante Bruselas por la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pretende llevar a cabo el Gobierno socialcomunista español para liquidar las mayorías necesarias para elegir a los jueces. El viceministro de Justicia del país, Sebastián Kaleta, ha dirigido un mensaje a través de Twitter a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, preguntándose si Bruselas piensa tomar medidas contra España, al igual que hizo contra Polonia por su plan sobre la Justicia. La ley polaca, que permite sancionar a los jueces que cuestionen públicamente las reformas judiciales del Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS), ha sido ampliamente contestada por los propios magistrados y por la UE.

«España: el Gobierno cambia las reglas para la elección de los jueces. Aún así, como en Polonia, serán elegidos por el Parlamento. Pero en lugar de la mayoría de tres quintos (como en Polonia), debería ser del 50% + 1. Oposición: ataque a la división de poderes, «están matando a Montesquieu». Me pregunto si Vera Jourova intervendrá», se plantea irónicamente Kaleta en un tuit, en referencia a la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Estado de Derecho y Justicia, Vera Jourová.

En 2015, el partido Ley y Justicia acometió su reforma del sistema de elección de los jueces, introduciendo la mayoría de tres quintos en el Parlamento. Las dos asociaciones judiciales mayoritarias españolas -Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria-avisaron ya este martes que la reforma pretendida por Sánchez e Iglesias aleja al país de los parámetros europeos de independencia judicial, acercándonos, entre otros, a Polonia.

La Comisión Europea ya ha abierto cuatro expedientes sancionadores a Polonia por la reforma de la judicatura. Según Bruselas, la normativa viola la independencia de los jueces y es incompatible con el Derecho europeo. Entre otras medidas, impide a los tribunales polacos aplicar directamente ciertas disposiciones de la legislación comunitaria que protegen la independencia judicial y plantear ciertas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión. La UE ha dado al Gobierno polaco un plazo de dos meses para enmendarla.

«Existen riesgos claros de que las disposiciones del régimen disciplinario contra jueces que introduce la nueva ley pueda ser utilizado para ejercer control político sobre las decisiones judiciales», avisó en abril Jourová.

PSOE y Podemos plantean rebajar la mayoría necesaria para elegir a los jueces, que pasará de una mayoría de tres quintos del Congreso a una absoluta. Esto permitiría al Gobierno acometer la renovación sin necesidad de un acuerdo con el Partido Popular.