Botella recurrirá la condena porque asegura que «no intervino» en la venta de viviendas

«La decisión acordada por el Tribunal de Cuentas será recurrida en tiempo y forma por todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid», han señalado a Europa Press fuentes ‘populares’ después de conocer el contenido de la sentencia del Tribunal de Cuentas, que, como han indicado, «no comparten», al tiempo que han recordado que la Fiscalía de este tribunal ya solicitó la desestimación de esta demanda «al no apreciar responsabilidad contable».

Del mismo modo, han señalado que la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid «no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas» a la que se refiere la decisión del Tribunal de Cuentas. «Únicamente, y en su calidad de Junta General de Accionistas de la citada mercantil, ratificó el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado», han destacado.

En este sentido, han recordado que la empresa, con cerca de 700 empleados, atravesaba una «difícil» situación debido a la crisis económica, acumulando una deuda de más de 600 millones de euros, y «si no cumplía lo establecido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local debía aprobar un plan de viabilidad o liquidarse, lo que supondría el despido de sus trabajadores».

Esta sentencia del Tribunal de Cuentas se suma al informe que también elaboró la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la fiscalización de operaciones de enajenaciones del patrimonio inmobiliario de la EMVS y de los controles realizados por las instituciones competentes.

En su anteproyecto, la Cámara determinó que el Ayuntamiento de Madrid, durante los años 2012 y 2013, cuando estaba gobernado por Ana Botella, vendió 18 promociones de la EMVS al grupo societario Fidere sin aplicar las «instrucciones internas de contratación», procediendo a la venta de los mismos «sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta».

También destacaba que se había hecho «sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar que se ha fijado por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores», lo que supone «un incumplimiento» de las normas internas de contratación.