Begoña Gómez firmó cartas de apoyo a Barrabés para los contratos que la UCO acusa de haber sido amañados a su favor

Begoña Gómez firmó en julio de 2020 cartas de recomendación a favor de la empresa del consultor Juan Carlos Barrabés mientras éste se presentaba a una licitación pública de Red.es, adscrita al Gobierno de España, financiada con fondos europeos, contratos que son hoy el núcleo de la investigación judicial por presunto amaño en las adjudicaciones.

Las misivas, que citaban expresamente a «Barrabés y The Valley» y en las que Begoña Gómez manifestaba «apoyo a dicho programa» y su «intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias», fueron presentadas por la UTE adjudicataria como documentos de valoración en el concurso.

Además de la UCO que ahora revela mensajes clave sobre los amaños, la Intervención General de la Administración del Estado ya concluyó que tenerlas en cuenta «supone una adulteración de la valoración técnica» que benefició al empresario imputado junto a la esposa del presidente.

Los contratos en cuestión son los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED, adjudicados por Red.es en julio de 2021 por un valor conjunto de 8,4 millones de euros para servicios de formación digital financiados con Fondos Social Europeo y de Desarrollo Regional.

La UTE formada por Innova Next SLU —empresa del grupo Barrabés— y The Valley Business School obtuvo la mejor puntuación del concurso, un 9,23 sobre 10, muy por encima de sus 17 competidoras en el lote 1, entre las que figuraban multinacionales como Everis, DXC Technology y Adecco.

Las cartas Begoña Gómez

La carta firmada por la esposa de Pedro Sánchez se titulaba «Declaración de interés y apoyo de máster en captación de fondos de ONLS para el desarrollo del programa Conecta Formación e Insercción laboral en desempleados» y llevaba su firma en calidad de codirectora de un máster de la Universidad Complutense de Madrid. Otra carta fue para el proyecto para formar a jóvenes.

En ella se reconocía explícitamente que la adjudicación estaba financiada con dinero público: «La dirección del máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE».

Cuando declaró ante el juez Juan Carlos Peinado en diciembre de 2024, Begoña Gómez aseguró que sus cartas no apoyaban a las empresas de Barrabés sino «un proyecto». Sin embargo, las misivas citan expresamente por su nombre tanto a Barrabés como a The Valley.

El Gobierno ha sostenido que la UTE ganadora presentó un total de 19 cartas de apoyo de otras empresas e instituciones, entre ellas IBM, Microsoft y Orange, y que «el proceso de licitación fue impecable».

IGAE ve irregularidades en Red.es

Sin embargo, el informe de la Intervención General de la Administración del Estado, de 300 páginas, encargado por la Fiscalía Europea y remitido posteriormente al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dijo que las cartas de recomendación fueron tenidas en cuenta «para determinar la puntuación de las ofertas» pese a que los pliegos del contrato no preveían que fueran objeto de valoración.

El documento señala que en los informes técnicos «se enfatiza la importancia» de esas cartas al valorar la oferta de Barrabés, mientras que se considera «algo negativo» que sus rivales no las aportaran.

La IGAE va más allá en su diagnóstico y califica de posible «fraude de ley» la fórmula matemática empleada para puntuar el precio de las ofertas, que hizo que el peso de la valoración subjetiva fuera en la práctica mayor que el anunciado en la licitación. Eso habría obligado a que la puntuación subjetiva quedara en manos de un comité de expertos ajeno a Red.es, algo que no sucedió.

El informe pericial también detectó que determinados documentos remitidos a la Fiscalía Europea «fueron aparentemente modificados en fechas recientes a su entrega», circunstancia que fue puesta en manos de la Guardia Civil. La UCO concluyó que, pese a que los documentos «no son técnicamente los mismos», pero no hay «evidencia de que se hayan producido modificaciones que hayan afectado a su contenido».

El perito señaló además que algunos informes técnicos de relevancia «carecen de firma» y que sus metadatos «han sido borrados», lo que impide acreditar «que su contenido, ni las puntuaciones que figuran en los mismos respondan a la opinión de los mencionados técnicos». Una anotación en uno de los documentos examinados revela, según el experto, que «la valoradora recibió una instrucción de bajar la puntuación a un licitador, sin que figure el motivo».

Este escenario de documentos alterados, metadatos borrados y anotaciones sobre instrucciones para bajar notas coincide con lo que la propia UCO ha acreditado en su nuevo atestado a partir de los correos electrónicos corporativos de Red.es: que las puntuaciones se fijaban desde la dirección y los textos se reescribían para justificarlas. La opacidad no ha bastado para ocultar lo que los propios evaluadores dejaron escrito en sus correos: que todo aquello les parecía «muy injusto». El jurado que juzgará a Begoña Gómez tendrá que decidir si las cartas que firmó en julio de 2020 fueron un gesto inocente o el primer eslabón de una cadena de favores mutuos que acabó costando millones de euros en fondos públicos europeos.