Aragón fulmina los comisionados de Agenda 2030, Infancia y Despoblación, y ahorra 221.174 € en sueldos

• Paula Ciordia @paulaciordia
• Zaragoza
• Periodista y filóloga. Corresponsal en Aragón.
• • 13/09/2023 17:55
  • Actualizado: 14/09/2023 17:51

La Agenda 2030 empieza a tener un camino angosto en el Gobierno de Aragón. Como primera medida, ya no habrá comisionados para la Agenda 2030, Infancia y Despoblación, lo que supondrá un ahorro directo de 221.174 euros al año sólo en sueldos. Ayer, la portavoz de Gobierno, Mar Vaquero, afirmó a OKDIARIO que «tal y como se preveía en el acuerdo programático, estos tres comisionados se eliminan».

«Los pactos de gobernabilidad los vamos a cumplir, es nuestra voluntad y la de los dos partidos que apoyan al Gobierno. Se eliminan los tres comisionados que había. Se crearán otro tipo de figuras, para atraer inversiones estratégicas», respondió la portavoz, tras el Consejo de Gobierno, en la rueda de prensa convocada.

Con estas palabras, la portavoz dejó clara los objetivos del actual Gobierno: «Crear riqueza», teniendo en cuenta además que Vaquero es Consejera de Economía, Empleo e Industria, por lo que la popular estará centrada en atraer «inversión», junto con la Consejería de Fomento y Logística, de Octavio López, quien declaró a OKDIARIO, que «Aragón pone alfombra roja a quien quiera invertir».

No a los ODS

La eliminación de estos comisionados estaba contemplada en uno de los 80 puntos del famoso Acuerdo PP-Vox para la gobernabilidad de Aragón, donde se acordó la «inmediata disolución» de estos tres comisionados, así como la elaboración de un informe detallado de «todos los organismos superfluos que dependen de fondos públicos», a fin de contribuir a la «simplificación administrativa».

Estos tres cargos ideológicos fueron creados por el socialista Javier Lambán, en la legislatura pasada. Los comisionados prestaban servicios directamente a Presidencia, con el pretexto de trabajar en la cooperación de los distintos departamentos. Estos puestos estaban muy bien retribuidos, con un sueldo anual de 73.724 euros.

Los comisionados ya eliminados hay que enmarcarlos en la estructura institucional de “gasto ideológico” vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dependientes así mismo de las directrices del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, desde donde se desarrollan las directrices para la «contribución de las comunidades autónomas y los gobiernos locales», vertebrando el territorio, tal y como indica el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

En los últimos años, a partir de la pandemia, estos comisionados se han ido creando en todas las comunidades autónomas, con el fin de aterrizar la Agenda en cada uno de los territorios de España, adecuándolas eso sí a las necesidades locales, para que penetren mejor y tengan más calado en la sociedad. De hecho, el comisionado para la Infancia fue pionero en Aragón, al crearse en 2020.

Bienestar Social

Estos cambios en el organigrama del Gobierno evidencian la nueva visión de este Ejecutivo, reflejada en la concepción renovada de todas las consejerías constituidas, teniendo como eje estratégico «el bienestar social de los aragones», afirmó la portavoz.

En ese sentido, se destaca los compromisos futuros de la Consejería de Educación de este nuevo Gobierno, relacionados, por ejemplo, con «la libertad de educación» y de los padres para «autorizar» las actividades extraescolares.

Así como la nueva denominación de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, como Consejería de Bienestar Social y Familia, a la que está al frente, la popular Carmen Susín.

Sobre otros de los compromisos del Gobierno, la protección al medio ambiente y al desarrollo sostenible de la industria de las renovables, el Ejecutivo aragonés ha dado muestras evidentes de un cambio de rumbo frente al anterior gobierno socialista, anunciando esta semana la creación de la Comisión para la Investigación de las energías renovables y sobre la actuación de INAGA.

Esta Comisión se espera que dé frutos en seis meses, a fin de lograr la redacción de un plan de planificación para la implantación de este sector de las renovables con seguridad y transparencia, tras los «destrozos ecológicos que se han producido en la provincia de Teruel», en palabras del portavoz de Vox, Santiago Morón en rueda de prensa.