El PSOE se parte entre el apoyo a Rajoy y el deseo de rentabilizar el traspiés en el Consejo de Estado

El apoyo sin fisuras que el PSOE venía ofreciendo al Gobierno en su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional la investidura de Carles Puigemont  ha ofrecido sus primeros síntomas de resquebrajamiento. Discrepancias que, de momento, se trasladan a su respaldo «político» con dudas en el aspecto «jurídico». Esta mañana, y con un margen de apenas unas horas, los socialistas han mostrado dos formas muy diferentes de valorar el revés del Consejo de Estado no avalando ese recurso y el empeño del Ejecutivo en mantenerlo.

La primera en pronunciarse ha sido la portavoz del PSOE en el Congreso. Margarita Robles, quien en sede parlamentaria ha hablado sin tapujos de «varapalo» al Gobierno. Robles , ha recordado este viernes que fue el Gobierno quien tomó la “iniciativa” para recurrir ante el TC la investidura de Puigdemont y por tanto también debe ser el Ejecutivo el que explique por qué mantiene su decisión.

Unas declaraciones que rompían el apoyo oficial inicial mostrado por  los socialistas y que a continuación la portavoz en el Congreso trataba de matizar: «Los reveses jurídicos son del Gobierno», ha subrayado. Aunque «en los aspectos políticos el PSOE tiene muy claro que Puigdemont no puede ser candidato», apostillaba.

Dudas sobre «procedimiento» y «tiempos»

Por cierto que, ya en en los pasillos del Congreso, Robles ha eludido varias veces entrar a valorar si la decisión del Gobierno ha sido correcta o no desde el punto de vista jurídico. La exjueza del Tribunal Supremo ha evitado entrar en un terreno que domina y omitir observaciones que, sin embargo, sí ha apuntado poco después la número 4 del partido y Doctora en Derecho Constitucional, Carmen Calvo.

Porque esa postura del PSOE en su grupo parlamentario hablando de «varapalo» ha sido suavizada en Ferraz, donde la secretaria de Igualdad ha comparecido en rueda de prensa para lanzar dos mensajes. Uno, el del  respaldo a acudir al TC pese al dictamen contrario del Consejo de Estado: «Apoyamos al Gobierno en la decisión de que Puigdemont no se siga comportando de la manera que lo hace como un prófugo de la Justicia». «Los socialistas somos leales a la Constitución», concluía.

El otro llegaba a continuación, y con un tono de enmienda a ese apoyo que acababa de explicitar: «El Consejo de Estado, hasta donde yo sé, no le quita la razón al Gobierno, lo que lo pone en cuestión es algo que tiene que ver con el procedimiento y los tiempos». Una valoración que adquiere especial significado, viniendo de la dirigente del PSOE que negoció con el PP la aplicación del artículo 155.

Rubalcaba también advierte del «coste»

A no perder de vista lo que ha dicho también este viernes el ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. El que fuera vicepresidente del Gobierno (que hace unos días mantenía «un encuentro casual» en un hotel de Madrid con la número 2 del PDeCAT, Marta Pascal) se ha mostrado convencido de el Estado impedirá la investidura del golpista, pero «pagará el coste». Y en ese sentido, ha afirmado que se este peligro se ha empezado a ver con la «mala noticia» del Consejo de Estado. Y que el Ejecutivo se arriesga a un nuevo «varapalo político» ahora en el TC.

Es el apoyo de un partido a las medidas contra Puigdemont (de las que se informó a Pedro Sánchez, según aseguran fuentes tanto del Ejecutivo como del propio PSOE) que, sin embargo, no parece tan incondicional como en el momento en que la vicepresidenta del Gobierno anunció la petición de un dictamen al Consejo de Estado. Los socialistas esbozan una estrategia que distingue dos planos: «político» y «jurídico». Ese respaldo se antoja firme en el primero y con matices en el segundo. La resolución del Tribunal Constitucional al recurso del Gobierno marcará  la solidez de ambos.