Una madre con dos hijos no encuentra alquiler por el miedo del mercado: «Temen que me declare vulnerable»

• Alba Martín @alba_mrtn
• • 22/06/2026 05:45
  • Actualizado: 22/06/2026 05:45

Los desorbitados precios de la vivienda, el encarecimiento de la vida y la dificultad de acceso al crédito están condenando a muchos españoles a quedarse atrapados de por vida en el alquiler. Sin embargo, a su vez, el arrendamiento está atravesando una brutal crisis por la inseguridad jurídica generada por parte del Gobierno de Sánchez a los propietarios.

Consecuencia de ello es que muchas personas se ven en la calle y sin opciones de habitabilidad cuando sus contratos de alquiler vencen o los dueños de sus casas les obligan a abandonar la vivienda.

Es el caso de Yuli, una vecina madrileña de 42 años. La mujer no encuentra una casa donde vivir con su marido y sus hijos tras haber tenido que abandonar —a petición de los propietarios— la vivienda que tenían alquilada para vivir los cuatro.

Según relata, actualmente su economía familiar no les permite comprar una vivienda, pero tampoco encuentran un piso en alquiler donde se le permita vivir con su pareja y sus dos hijos menores: «Tienen miedo de que me declare vulnerable y nos quedemos de okupas», explica.

La propagación de casos de inquiokupas declarados vulnerables por el Ejecutivo ha generado una tensión extra al mercado inmobiliario. Muchos arrendadores han retirado sus viviendas del mercado o realizan una exhaustiva criba previa para elegir a sus futuros inquilinos.

«La situación se ha dado la vuelta. Ahora da igual si tienes perros o gatos, pero resulta imposible que te alquilen un piso si tienes niños a tu cargo», lamenta. Más allá de los precios de los alquileres, ahora a los inquilinos se les ha sumado un nuevo problema: la escasez de oferta por temor a la okupación.

Cabe recordar que el Ejecutivo dota de una protección antidesahucio a aquellas personas que se declaren vulnerables. De hecho, tener ingresos de menos de 1.800 euros o de 2.200 euros con hijos o familiares a cargo vale para frenar un proceso de este tipo.

«Algunas personas me animaron a declararme vulnerable para poder quedarme con la casa cuando comenté que el casero nos había pedido abandonar la vivienda, pero honestamente no creo que seamos vulnerables. Trabajamos, tengo mi propio negocio y nunca he dejado nada a deber. Ni una sola factura», explica Yuli.

Sin alternativas habitacionales

En este sentido, destaca que en ningún caso se planteó aprovecharse de la vivienda de sus caseros en base a una falsa declaración de vulnerabilidad cuando el problema de acceso a la vivienda no reside en los particulares, sino en la gestión política del asunto: «Es culpa del Gobierno».

Este planteamiento es el que lleva defendiendo durante años la Plataforma de Afectados por la Okupación. En su caso han remarcado en numerosas ocasiones que los ciudadanos individualmente no se encuentran en el deber de proteger a aquellas personas en situación real de vulnerabilidad que el Gobierno está abandonando y dejando sin recursos habitacionales.

Se trata de una problemática que no llegan a abordar las administraciones públicas y los servicios sociales y que está afectando cada día a más españoles de clase media: «Los impuestos deberían ir destinados a dar soluciones desde el Ejecutivo a toda la gente que de verdad no tenga otras opciones. Los propietarios no somos una ONG», han advertido en varias ocasiones los afectados por la okupación e inquiokupación.

En el caso de Yuli y su marido, la solución temporal pasa por estar separados. Él ha tenido que pedir a un familiar un hueco en su casa para vivir con el hijo mayor, mientras que Yuli ha alquilado una habitación por 500 euros mensuales para vivir con su hija pequeña hasta que surja una oportunidad para poder volver a convivir los cuatro en una casa alquilada, en familia.