El Supremo británico tumba la alianza de España con Zimbabue por los impagos a las renovables

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 04/03/2026 14:03
  • Actualizado: 04/03/2026 14:04

Nuevo golpe a España por los impagos a las renovables de Teresa Ribera y Sara Aagesen. El Supremo británico ha desestimado por unanimidad este miércoles los recursos presentados por España y Zimbabue contra el registro en Reino Unido de laudos arbitrales dictados bajo el Convenio CIADI, confirmando que ambos Estados no pueden invocar inmunidad soberana para impedir su reconocimiento ante los tribunales británicos.

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha confirmado así el criterio previamente establecido por la Corte de Apelaciones, que interpretó que los Estados firmantes del Convenio CIADI aceptan que los laudos dictados bajo este sistema puedan ser reconocidos y ejecutados por los tribunales de los demás Estados parte.

El caso agrupa dos recursos: uno interpuesto por la República de Zimbabue y otro por el Reino de España, ambos dirigidos a impedir el registro en Reino Unido de laudos dictados bajo el Convenio CIADI. En el caso español, el laudo asciende a 101 millones y deriva de los recortes retroactivos aplicados al régimen de energías renovables, en el marco del caso Antin / Infrastructure Services.

La cuestión central que dirimía el Supremo giraba en torno a determinar si un Estado que ha firmado el Convenio CIADI puede posteriormente invocar inmunidad soberana para bloquear el reconocimiento judicial de un laudo en un territorio adscrito a dicho sistema de arbitraje internacional —en este caso, el registro del laudo ante la justicia británica.

España y Zimbabue unieron fuerzas para defender que el artículo 54 del Convenio no implica una renuncia automática a la inmunidad ante tribunales nacionales. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Reino Unido había determinado que la adhesión al Convenio supone aceptar que los laudos son ejecutables en cualquier Estado parte del tratado y que deben ser tratados como si fueran sentencias firmes de las cortes domésticas de dichas jurisdicciones.

Esta cuestión se enmarca en el Reino Unido en la Ley de Inmunidad de Estado de 1978. España intentó introducir un argumento adicional, alegando que los tribunales británicos debían examinar si existía realmente un acuerdo arbitral válido, sosteniendo que las disputas que involucran a inversores europeos no deben resolverse en tribunales internacionales, sino en el seno de la Unión Europea.

De prosperar este planteamiento, se habría abierto la puerta a revisar el consentimiento arbitral en cada procedimiento de ejecución. El Supremo británico, sin embargo, abordó el asunto como una cuestión estructural sobre la relación entre el Convenio CIADI y el régimen de inmunidad soberana, celebrando una vista de tres días ante un panel de cinco magistrados.

La sentencia tiene efectos para ambos Estados y fija doctrina sobre la capacidad de invocar inmunidad para bloquear el registro de laudos CIADI en Reino Unido. En la práctica, lo que estaba en juego no era todavía el embargo de activos, sino un paso previo pero decisivo: esclarecer si el laudo puede registrarse judicialmente sin que el Estado condenado pueda frenar el procedimiento alegando inmunidad.

El fallo consolida la posición del Reino Unido como jurisdicción relevante para la ejecución de laudos internacionales y reduce el margen procesal de España. La resolución añade presión jurídica y reputacional sobre España, que sigue acumulando frentes abiertos en distintas jurisdicciones por el impago de las renovables.

El origen del conflicto de los impagos a las renovables es de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en renovables del 25%. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder, para reducir la deuda y el déficit que heredó, decretó unilateralmente una rebaja al 7%.

Esto obligó a los inversores a acudir a los tribunales de arbitraje, que les dieron la razón mayoritariamente, condenando a España a pagar miles de millones en indemnizaciones. Teresa Ribera decidió no pagar esos laudos y pleitear con los inversores, que han acudido a tribunales ordinarios de países como Reino Unidos, Estados Unidos o Australia, que les están dando la razón.

El resultado de los impagos a las renovables del Gobierno de Sánchez en los frentes abiertos es que a marzo de 2026, la deuda total acumulada por España supera ya los 2.300 millones de euros, cifra que integra 1.754 millones de principal pendiente y 537 millones en sobrecostes judiciales y financieros.