La socialista Maite Costa se asegura cuatro años en Enagás cobrando 160.000€ pese a las pegas de la CNMV
Enagás se salta la ley: nombra tres consejeros ligados al Gobierno como independientes
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La CNMV ha rechazado que la socialista Maite Costa tenga la consideración de consejera independiente en Enagás, ya que incumplía la ley como denunció OKDIARIO. Sin embargo, este rechazo no impedirá que Costa se asegure cuatro años en el órgano de gobierno de la compañía con un sueldo de 160.000 euros anuales, ya que no cuestiona el verdadero motivo de su incompatibilidad: que lleva 10 años viviendo de instituciones financiadas por la propia Enagás.
La justificación del veto de la CNMV a Costa es «su reciente relación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como consejera dominical de Red Eléctrica Corporación, S.A.». Pero Enagás lo que ha hecho es cambiar simplemente su categoría de independiente a «otros consejeros externos», un cajón de sastre donde cabe casi cualquier persona. Con lo cual puede incorporarla igualmente.
Si la hubiera tenido que considerar dominical -como representante de la SEPI, dueña del 5% del capital-, no tendría asegurados los cuatro años puesto que, en caso de un cambio de color del Gobierno en las próximas elecciones, sería sustituida por otra persona más afín al nuevo Ejecutivo.
Costa lleva 10 años viviendo de Enagás
Pero la cosa es más grave todavía porque Maite Costa tiene una incompatibilidad que debería impedirle ser consejera de cualquier tipo en Enagás. Salió de la presidencia de la Comisión Nacional de la Energía (hoy CNMC) con la victoria electoral del PP en 2011 y, desde entonces, ha estado viviendo de dos patrocinios de Enagás: la fundación Funseam, que preside el máximo ejecutivo de la compañía de redes de gas, Antonio Llardén; y una cátedra de Sostenibilidad Energética en la Universidad de Barcelona que financia la propia Enagás.
«¿Qué control va a ejercer Costa sobre Llardén cuando lleva desde 2011 viviendo de Enagás?», se pregunta una fuente cercana a la empresa. Los consejeros, de cualquier categoría, tienen como una de sus principales funciones el control de la gestión de los ejecutivos, cosa que se antoja imposible en el caso de Costa por este conflicto de interés.
Pero la CNMV no ha tenido en cuenta este problema, sino que se ha limitado a aplicar las generales de la ley. De hecho, las fuentes consultadas creen que Enagás la propuso como independiente, sabiendo que el supervisor lo iba a tumbar, precisamente para poder «santificar la verdadera causa de incompatibilidad», y así colocarla como «otros externos» y salvar el nombramiento.
La CNMV no dice nada del nombramiento de un diputado
De esta forma, se garantiza los citados cuatro años en el sillón a razón de 160.000 euros por ejercicio: 100.000 euros de salario fijo y el resto variable en función de la asistencia a los consejos y a las comisiones de que forme parte. El mismo sueldo que cobraban los consejeros del PP que la ministra Teresa Ribera ha destituido en Enagás: Isabel Tocino, Antonio Hernández Mancha e Ignacio Grangel.
Como también denunció OKDIARIO, la compañía también ha nombrado dos consejeros socialistas como independientes con evidentes conflictos de interés: Manuel Gabriel González Ramos, diputado del PSOE, y Clara García Fernández-Muro es consejera del ICO (Instituto de Crédito Oficial). La CNMV no ha puesto ninguna pega a estos fichajes. En el primer caso, la doctrina es que «una cosa es el partido y otra el Gobierno». No obstante, González Ramos se topará con las incompatibilidades que tienen los diputados para trabajar en empresas que tengan vinculación con la administración, como es el caso.
En Enagás también tienen asiento por parte del PSOE José Blanco, José Montilla, Natalia Fabra y María Teresa Arcos, aparte del presidente, Antonio Llardén (PSC). Y hay otro consejero ligado a Podemos, Cristóbal Gallego. Nombrados por el PP sólo quedará Ana Palacio. El único candidato propuesto a la junta general de Enagás que cumple los requisitos para ser independiente es David Sandalow.
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