El sector eléctrico pide ayuda a Montoro para evitar la disparidad de las tasas municipales

La ofensiva fiscal que han emprendido los ayuntamientos contra las compañías distribuidoras de electricidad amenaza con presionar al alza sobre las tarifas y, además, genera desigualdad territorial, ya que no existe una gran disparidad en la cuantía de las tasas que imponen los ayuntamientos a estas empresas por el uso de espacios de dominio público para sus infraestructuras de transporte.

Según han confirmado a OKDIARIO fuentes del sector energético, las distribuidoras han solicitado ayuda al Ministerio de Hacienda para que logre una armonización de las citadas tasas en todo el territorio nacional, ya que en la actualidad cada municipio fija el importe que estima conveniente y, en la mayoría de los casos, las empresas tienen que acudir a los tribunales para evitar o reducir el pago.

La batalla judicial ha llegado incluso al Tribunal Supremo, que en varias sentencias avala que los ayuntamientos graven a las empresas eléctricas y de gas por la utilización del dominio público de sus instalaciones de transporte de energía con un cálculo que sobrepasa el valor catastral de los terrenos y que incluye su utilidad. Las fuentes consultadas por este diario indican que las compañías han solicitado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que negocie la armonización de las tasas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Según establece la Ley de las Haciendas Locales en su artículo 34 las compañías distribuidoras de electricidad, agua e hidrocarburos deben abonar a los municipios el 1,5% de su facturación en la localidad por la que transcurren las redes de infraestructuras. El importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

El problema surge en los territorios por los que atraviesan esas infraestructuras pero en las que las compañías no dan servicio. En estos últimos casos la normativa establece la necesidad de justificar el pago de la tasa a través de un informe técnico, lo que ha servido a muchos municipios para aprobar importes que las empresas han considerado desproporcionados y que han llevado a los tribunales.

En Red Eléctrica Española (REE), una de las principales empresas perjudicadas, consideran “razonable homogeneizar esta tasa a nivel nacional para evitar la disparidad a la hora de tributar”. Desde la compañía explican que “el hecho de pagar las tasas no es algo cuestionable” y reafirman su compromiso por abonar los citados gravámenes por el uso del espacio público.

En el sector la gran preocupación es que, tras las sentencias del Supremo, se obligue a las distribuidoras a abonar cantidades pendientes que estaban congeladas a la espera de la decisión judicial. El Alto Tribunal fija en un máximo de 12.000 euros el importe a exigir por cada metro de línea de transporte de energía implantado en un determinado municipio.

“Al final todo incremento de coste se puede asumir de dos formas: reduciendo inversión, empleo o beneficios, afectado a dividendos; o bien trasladándolo al precio por la vía de la tarifa y cada empresa tendrá que determinan qué es lo más conveniente”, indican las fuentes consultadas.