La retirada de la PAC a los jubilados le costará 1.000 millones al Estado si quiere mantener su poder adquisitivo
La medida que pide Bruselas dejaría a unas 200.000 personas con unos ingresos de poco más de 800 euros al mes
Mil millones de euros. Esa es la cifra que el próximo Gobierno tendrá que poner encima de la mesa si decide hacer caso a lo que le pide la Comisión Europea y excluye a los jubilados de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC); esto, solamente en el caso de que opte por compensar a los afectados -previsiblemente, a través de las nóminas de la Seguridad Social-, cosa que difícilmente podría no hacer dado el coste social y electoral que supondría quitar de un plumazo el 30% de su renta a unas 200.000 personas y dejarlas con unas pensiones que en la mayoría de los casos apenas superan los 800 euros al mes.
Para explicar cómo se ha llegado hasta aquí hay que hablar de dejadez. Dejadez tanto de este Gobierno como de los anteriores, que durante años se han negado a aplicar las correcciones necesarias para elevar las exiguas cotizaciones de los autónomos del campo mientras dejaban que la proporción de jubilados entre los beneficiarios de la PAC fuera creciendo hasta el punto de que, para buena parte de estos, se ha convertido en un seguro para la vejez.
Ningún organismo oficial ha publicado jamás la cifra de pensionistas que cobran la PAC -pese a su indudable interés público-, pero es de suponer que son muchos, pues sí se sabe que el 40% de los perceptores de la subvención superan los 65 años y que la mayor parte de estos ya no están en activo; entre otras cosas, porque el régimen de autónomos agrarios apenas cuenta con 20.000 cotizantes mayores de esa edad. Además, hay una reveladora coincidencia en las cifras, pues en 2025 los perceptores de la ayuda europea mayores de 65 años sumaban 203.442 personas, un dato que se acerca mucho al número de ex-trabajadores agrícolas receptores de una nómina de jubilación en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (242.798 el año pasado).
El problema con este desajuste es que nuestro país dispone de un presupuesto fijo para desplegar ayudas directas a través de la PAC (3.400 millones de euros en 2025), así que todo el dinero que va a los mayores deja de llegar a los jóvenes, que son los que están en mejores condiciones para convertir esos recursos en empleo, productividad y seguridad alimentaria. Concretamente, el año pasado el Ministerio de Agricultura abonó subvenciones de la UE por valor de 906 millones de euros a agricultores de más de 65 años, mientras que 2.000 millones fueron al grupo comprendido entre los 40 y los 65 años y apenas 567 millones se entregaron a menores de 40 años.
Si ningún gobierno ha corregido este desequilibrio aún, probablemente se deba a que resultaba mucho más rentable -en términos electorales y fiscales- no hacer nada y dejar que Europa siguiera asumiendo el coste de cofinanciar el sistema, pero el caso es que la Comisión Europea ha dicho basta y ha decidido aprovechar que el actual reglamento de la PAC caduca en 2028 para aplicar la esperada reforma; o al menos, ese era su plan inicial.
La propuesta para la Política Agrícola del período 2028-2034 presentada en julio de 2025 por Bruselas incluía la prohibición de que los pensionistas europeos siguieran recibiendo ayudas directas a partir de 2032, pero, meses más tarde, el Consejo Europeo suavizó un tanto la medida al convertirla en voluntaria, proponiendo que sea cada Estado miembro el que tome la decisión.
Francia, por ejemplo, no tiene ese problema, ya que en su momento hizo los ajustes necesarios para expulsar a los jubilados de la PAC sin esquilmar su poder adquisitivo. Lo hizo en 2023 a través de una reforma de las pensiones -no exenta de polémica- que incrementó las prestaciones de este grupo hasta un mínimo del 85% del salario mínimo.
En España, en cambio, no se ha dado ningún paso para allanar el camino antes de la expulsión -que aún no está decidida, en todo caso-, más allá de una batería de reformas tendentes a aumentar las nóminas de todos los pensionistas y de las que los agricultores también se han beneficiado, ya que desde 2008 cotizan en el Régimen General de Trabajadores Autónomos tras la extinción del antiguo Régimen Especial Agrario.
Entre estas reformas se cuentan la revalorización automática de las pensiones con el IPC introducida por la reforma Escrivá, la introducción de la cotización obligatoria por ingresos reales para los autónomos a partir de 2023, las sucesivas subidas de las prestaciones mínimas (un 7% en 2026) o la ampliación de la jubilación flexible, que permite compatibilizar la prestación pública con los rendimientos del trabajo.
Sin embargo, los profesionales del campo venían de cobrar unas jubilaciones tan exiguas que, pese a las revalorizaciones, siguen muy lejos de la media. Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, en 2025 los autónomos del sector percibieron una media de 806 euros al mes. Los adscritos al Régimen General (empleados en explotaciones agrícolas), por su parte, cobraron 803 euros de media, aunque este grupo no resulta relevante para nuestro análisis ya que la mayoría no son propietarios y, por tanto, no tienen derecho a PAC.
Además, y en ausencia de una reforma a la francesa, en este tiempo la brecha que separa al campo del resto de profesiones se ha enquistado, pues los pensionistas agrícolas (incluyendo todos los tipos de prestaciones, como viudedad u orfandad) cobran de media un 20% menos que el resto de los autónomos. Si la comparación se hace con la nómina media del sistema, a su vez, la diferencia es de un 40%.
Concretamente, los agricultores jubilados cobran unos 200 euros menos al mes que el resto de autónomos, una brecha que se compensa -e incluso se supera- gracias a las ayudas de la PAC. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, en 2025 los mayores de 65 años recibieron una subvención media de 4.453 euros, el equivalente a 371 euros al mes. Visto esto, sobra decir lo impopular que resultaría la decisión de quitarles esta ayuda; aunque este es un problema, en todo caso, que probablemente le tocará resolver a un Gobierno de distinto color político al actual.
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