Vivienda

Los propietarios piden a Sánchez recurrir la ley catalana que paga un alquiler social a okupas

Cataluña ensalza la delincuencia: tramita una ley para pagar un alquiler social a okupas

Organización Nacional de Afectados por la Okupación: “La izquierda quiere que haya okupas”

Nayara Mateo @nayamateo
Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.
- 25/02/2022 06:45
- Actualizado: 25/02/2022 08:48

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleve al Tribunal Constitucional la ley catalana antidesahucios aprobada este miércoles por el Parlament. Esta norma -que cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSC- obliga a los propietarios a dar alquiler social a los okupas.

La asociación considera que con esta aprobación se continúa con el amparo de la Administración Pública a la okupación de inmuebles, lo que convierte a España en el único país en la Unión Europea que protege esta actividad delictiva. «Esto genera un efecto llamada a la okupación ilegal, un fenómeno delictivo especialmente acuciante en Cataluña, donde se registran más del 50% de los casos totales de 2021. Cada día en España se registran más de 40 casos de ocupación al día», aseguran desde Asval.

Asimismo, la patronal asegura que esta ley atenta «contra el derecho de propiedad privada», al establecer, en la práctica, una expropiación de viviendas por parte de las Administraciones Públicas. De igual forma, la asociación considera que «se establece una clara discriminación legal de propietarios en función del número de viviendas. Esto supone una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española».

¿Qué contempla la ley?

Esta ley obligará a la renovación automática de los alquileres sociales de las viviendas de los grandes tenedores cuando éstos lleguen a su fin. Además, contempla alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en casos de extinción de contrato. Esta imposición tendrá que cumplirse durante cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica; y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión. Así, un okupa que sea considerado vulnerable estará protegido y tendrá derecho a un alquiler social.

Por otro lado, la normativa impulsada por la izquierda catalana pretende que las solicitudes de desahucios caigan. Por ello, proponen a los grandes tenedores –sólo a los no vinculados a bancos y fondos de inversión- pedir a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive la familia en riesgo de desahucio a precio de protección oficial. En concreto, los inquilinos se quedarán en el inmueble del arrendador con un alquiler social del que se hará cargo la Administración.

La ley también incluye el control de ofertas de alquiler social, la ampliación a siete años de la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y fondos de inversión. De igual modo, la normativa también amplía la definición de gran tenedor: personas jurídicas con más de 10 viviendas y 15 para las personas físicas.

Cataluña acumula el 42% de las okupaciones

Las okupaciones de viviendas crecieron un 18% en España entre enero y septiembre de 2021, en comparación con el mismo periodo del año anterior, en total, se contabilizaron 13.389 casos, según el último dato registrado por el Ministerio del Interior. Por regiones, Cataluña continúa a la cabeza de las comunidades autónomas con 5.689 okupaciones, lo que supone el 42% del total, un dato que cuadruplica al de la Comunidad de Madrid (1.282 casos) y casi triplica el de Andalucía (1.994 casos).

La estadística oficial confirma la tendencia al alza de este fenómeno en los últimos años. La serie histórica comienza en 2015, cuando en España se denunciaron 10.376 okupaciones ilegales de vivienda. Desde entonces, la okupación se ha disparado un 30% en el país.