El PP pide un fondo de 50.000 millones para el rescate de empresas afectadas por la pandemia

El Partido Popular va a reclamar en el Congreso de los Diputados la puesta en marcha de un plan de rescate a las empresas afectadas por los efectos derivados de la crisis del coronavirus, con un fondo de al menos 50.000 millones de euros para inyectar ayudas a las sociedades, bajadas selectivas de impuestos y extender el sistema especial de protección al empleo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el fin del estado de alarma. Un escenario que llega ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha situado a España como el país que menos ayuda ha movilizado para hacer frente a la pandemia.

Todo ello dentro de una nueva hoja de ruta económica plasmada en una proposición no de ley registrada en el Congreso, donde los ‘populares’ piden al tándem de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acciones en materia laboral, fiscal, presupuestaria y la citada línea de ayudas para evitar una avalancha de quiebras de empresas y una sangría de despidos al cierre del primer trimestre del año.

Concretamente, el PP quiere que el fondo de apoyo financiero y capitalización de empresas pueda inyectar directamente liquidez a las empresas a través de diferentes fórmulas -coinversión, fondos de capital riesgo o créditos participativos, entre otras- tanto a sociedades que necesiten capital para subsistir hasta superar la crisis como a ‘startups’ para la creación de empleo en sectores innovadores.

Bajada de impuestos

En materia de fiscal, los populares modulan su propuesta de rebaja generalizada de impuestos, para limitarla a «bajadas selectivas y temporales» para reactivar «sectores estratégicos», retrasar la entrada en vigor de los nuevos impuestos -las llamadas tasas Google y Tobin- hasta acordarse coordinadamente en Europa, y exenciones a autónomos y pymes afectadas por restricciones.

Una hoja de ruta que se aleja de los planes del Gobierno, que con la entrada del nuevo año ha aumentado los impuestos. La subida del IVA a las bebidas azucaradas, el alza del impuesto de matriculación, el aumento del impuesto del IRPF para las rentas más altas o la penalización del uso de plásticos no reutilizables son algunas de las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo y que afectan de lleno a la clase media, y no a las grandes fortunas como había prometido el Ejecutivo.

Empleo

En lo que respecta al mercado de trabajo, el PP pide al Gobierno «un marco laboral estable que reduzca la incertidumbre actual al que se enfrentan las empresas, que avance en la ‘flexiseguridad’ pactada que ha permitido mantener tres millones de empleos y que extienda los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el fin del estado de alarma». ¿El objetivo? Proteger a los sectores más golpeados por los efectos derivados de la crisis del coronavirus como es el caso de la hostelería, el turismo o el comercio.

Finalmente, la propuesta se acompaña con un Plan de Reequilibrio Fiscal para reducir «gasto público superfluo e ineficiente» y liberar recursos suficientes para adoptar todas las medidas anteriores, con el compromiso con una senda de reducción del déficit público para «recuperar credibilidad en el resto de países europeos y atraer inversión y talento».

La hoja de ruta del PP

No obstante, el Gobierno tumbó la última propuesta de los populares en el Congreso de los Diputados para frenar la sangría del turismo. El partido que lidera Pablo Casado propuso en la Cámara Alta su propuesta de bajar el IVA al turismo pero esta hoja de ruta para salvar a hoteles, restaurantes y comercios no convenció a Sánchez, a pesar de que otros países Europeos ya han puesto en marcha esta medida como es el caso de Reino Unido y Alemania.

Esta proposición no de ley incluía el establecimiento de mecanismos de compensación en forma de financiación adicional a las comunidades autónomas por parte del Estado como consecuencia de medidas dirigidas al sector a fin de combatir la crisis de salud pública. Otras de las medidas propuestas pasan por ampliar hasta ocho años del plazo de amortización del periodo de carencia de los préstamos de la línea de liquidez del ICO y la exoneración de las cotizaciones para los trabajadores autónomos que han visto impedida su actividad desde que la pandemia comenzó a dar sus primeros coletazos.