Más de 1.400 ayuntamientos se saltan el techo de gasto de Hacienda y 600 el límite de estabilidad
Aunque en conjunto las entidades locales son las únicas administraciones que tienen por ahora superávit presupuestario en su conjunto, hay centenares de ayuntamientos que nos son capaces de cumplir con la regla de gasto que impone el Ministerio de Hacienda. A pesar de ello, el Gobierno está convencido de que es una buena idea flexibilizar el control presupuestario de estas administraciones, tal y como pactó en una reunión técnica justo cuando se celebraban los debates de la investidura fallida de Pedro Sánchez.
Según los datos publicados por el departamento que dirige María Jesús Montero, 1.419 ayuntamientos no cumplen con la regla de gasto y 595 incumplen los objetivos de estabilidad. El cumplimiento de la regla de gasto implica que los fondos públicos que gastan las administraciones no supere la tasa de crecimiento medio de la economía y el de los objetivos de estabilidad, en el caso de los consistorios, es el equilibrio presupuestario.
Sin embargo, este es el balance de los ayuntamientos que han facilitado información al Ministerio, que tiene dificultades para que todas las entidades locales remitan las cuentas al Gobierno central. De las 7601 entidades con obligación de remitir datos a Hacienda, sólo 5.500 lo han hecho. Es decir, que 2.101 aún no han remitido la evolución de sus cuentas al Ejecutivo, según las estadísticas oficiales.
En el caso de las 48 diputaciones, consejos y cabildos, hay tres que no han facilitado información, de las que dos incumplen el objetivo de estabilidad. Lo más preocupante es que hay quince diputaciones (que son las administraciones que sirven, entre otras cosas, para prestar servicios a los municipios más pequeños y coordinar la gestión económica de las provincias) que no son capaces de respetar la regla de gasto del Ejecutivo.
Las diputaciones que incumplen la regla de gasto son las siguientes: las diputaciones de Badajoz, Burgos, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lugo, Pontevedra, Salamanca, Soria, Tarragona, Teruel y Zamora, el Consejo Insular de Menorca y el de Ibiza.
Esta estadística sobre el cumplimiento de la Estabilidad y la regla de gasto del año 2018 no incluye las entidades del País Vasco y Navarra, que tienen un régimen foral propio.
Llama la atención que Vigo, la ciudad de la que es alcalde el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, no predica con el ejemplo. La ciudad pontevedresa no cumple ni con el objetivo de estabilidad ni con la regla de gasto y tiene un déficit de 2,07 millones de euros, según el saldo no financiero con criterio presupuestario facilitado por Hacienda.
El ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau tampoco cumplen con la regla de gasto y Sevilla, gobernada por el socialista Juan Espadas, tampoco, según la estadística del Ministerio de Hacienda.
Más flexibilidad en el futuro
A pesar de que sigue habiendo gobiernos que no incumplen con los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Ministerio de Hacienda ha alcanzado en pleno verano un acuerdo con la FEMP que podría dinamitar la senda de reducción del déficit público. El objetivo: flexibilizar la regla de gasto para que los ayuntamientos tengan más facilidades para gastar dinero público.
El acuerdo se forjó en una comisión técnica, formada por representantes del Ministerio de Hacienda, la FEMP, la AIReF, la IGAE y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Los acuerdos alcanzados podrían acabar con el superávit de más de 6.000 millones de euros logrados por las entidades locales en 2018, que ha sido fundamental para conseguir que España abandone el Protocolo de Déficit Excesivo de la Unión Europea, ya que hay serios problemas en las cuentas públicas, especialmente en el Estado, la Seguridad Social.
La intención del Gobierno es que esta medida de flexibilidad se ponga en marcha en septiembre, aunque las dificultades para formar Gobierno podrían dar al traste con esta aspiración de María Jesús Montero.
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