El Gobierno deja de exigir la búsqueda activa de empleo para cobrar varios subsidios de paro

El Gobierno ha eliminado requisitos importantes para justificar el acceso a algunos de los subsidios de desempleo ante el caos de los ERTE que se ha vivido el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Concretamente, ya no mide cuál es el nivel de rentas anual en las prestaciones que da a los parados mayores de 52 años y, en el caso de dos de los subsidios más importantes para parados de larga duración, tampoco les obliga ya a estar buscando trabajo de forma activa. Esta relajación cuando el Gobierno lanzaba su nuevo subsidio estrella: el Ingreso Mínimo Vital.

La explicación la da el propio Gobierno de forma directa en una respuesta parlamentaria escrita a varios diputados de VOX (ver imagen adjunta): «Se han flexibilizado requisitos para el acceso a determinados subsidios, como es la no presentación de la Declaración Anual de Rentas (DAR) en el subsidio para personas trabajadoras mayores de 52 años, o la no exigencia del requisito de Búsqueda Activa de Empleo en la Renta Activa de Inserción o el Subsidio Extraordinario de Desempleo».

El 12 de marzo de 2019, un año antes de que comenzara la crisis del coronavirus se modificó la regulación del subsidio para personas trabajadoras mayores de 55 años para que pudieran acceder a partir de los 52 años en lugar de los 55. Para poder acceder a este subsidio y mantenerlo, únicamente se tendrían en cuenta las rentas de la propia persona solicitante o beneficiaria y no las de su unidad familiar, un requisito que el Gobierno reconoce que ha flexibilizado aún más.

La Renta Activa de Inserción, en cambio, se concede a las personas que siguen en paro y no tiene derecho a la prestación contributiva ni al subsidio por desempleo. Hasta el momento Trabajo exigía que «una persona desempleada de larga duración o persona con discapacidad, previamente, deberá acreditar ante el servicio público de empleo autonómico de su oficina la realización de acciones de búsqueda activa de empleo (BAE)». Sin embargo, este requisito ya no es necesario, según detalla el Gobierno en su respuesta parlamentaria.

Por otro lado, al subsidio extraordinario por desempleo, regulado en el texto refundido  de la Ley General de la Seguridad Social, pueden acceder las personas en desempleo total que se encuentren en las siguientes situaciones: hayan extinguido en último lugar por agotamiento cualquiera de los subsidios por desempleo o sean personas paradas de larga duración que hayan agotado prestaciones por desempleo, PREPARA, o RAI y estuvieran inscritas como demandantes de empleo. Un parado de larga duración es aquel que ha permanecido inscrita como demandante de empleo durante al menos 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del subsidio extraordinario. Ante esta ayuda ya tampoco se vigila que el beneficiario busque trabajo de forma activa.

Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo, en mayo había 904.374 personas cobrando subsidios asistenciales del SEPE y 128.508 percibiendo la Renta Activa de Inserción. En total, el propio departamento que dirige Yolanda Díaz reconoce que en el quinto mes del año había 5,19 millones de personas cobrando prestaciones, lo que tiene un coste para las arcas públicas de 4.521 millones de euros. Dentro de esta cifra, según Trabajo, se incluyen 3,3 millones de prestaciones reconocidas durante el mes de abril.

Todo esto se produce en un momento en el que el SEPE ha multiplicado la carga de trabajo por seis en los últimos meses, lo que ha provocado numerosas críticas a la gestión de los ERTE, un descontrol en la gestión que el propio Gobierno admite en privado a pesar de que en sus declaraciones públicas consideran que nos ERTE son un auténtico éxito.