El Gobierno aprueba poder superar el 50% de la Sareb y arranca la toma de control de la sociedad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que permitirá que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pueda tener una participación superior al 50% de la Sareb, con lo que impulsa el proceso de nacionalización de la sociedad, como adelantó OKDIARIO.

Así, el Ejecutivo de Sánchez tomará el control de la entidad creada tras el rescate financiero para dar salida a los activos tóxicos de la banca en 2012.

A finales del pasado marzo, la oficina estadística europea decidió incorporar la Sareb dentro del perímetro de las cuentas del Estado, lo que obligó a sumar 35.000 millones de deuda pública en 2020 y más de 10.000 millones de déficit.

A partir de ahí, según fuentes del Ejecutivo, el Gobierno empezó a barajar la idea de que, si el riesgo de la compañía lo asumía íntegramente el Estado, tenía más sentido que la Sareb dejara de tener accionistas privados -como el Banco Santander, CaixaBank y el Sabadell- y pasara a ser una sociedad con mayoría de capital público.

Aun así, la Sareb se constituyó a finales de 2012 en base a un real decreto que establecía el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos y recogía que «en ningún caso» la participación pública en el conjunto de las participaciones directas o indirectas podía ser igual o superior al 50%.

una decisión que hizo que el Gobierno se planteara asumir el control de la compañía.

Entonces se interpretó que el Ejecutivo querría convertirse en el único accionista de la Sareb, nacionalizando la compañía y provocando la salida del resto de accionistas, entre los que se encuentran principalmente bancos y aseguradoras, entre ellos el Santander, CaixaBank, Sabadell, Kutxabank, Ibercaja Banco y Bankinter, además de Mapfre, Mutua Madrileña, AXA o Generali.

Sin embargo, a día de hoy el Ejecutivo se conforma con tener el control y algunos de los históricos accionistas podrían seguir formando parte del capital de la Sareb para defender sus intereses y no tener que renunciar a los créditos fiscales diferidos generados por su inversión.

Sea cual sea la fórmula que finalmente se decida, el departamento de Nadia Calviño trabaja con la máxima de que no habrá más ayudas públicas y la toma de control de la Sareb debe tener el mínimo coste para el erario público, por lo que previsiblemente se llevará a cabo por un precio simbólico.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos explicado que la reclasificación de la Sareb tras la decisión de Eurostat, así como su situación patrimonial, hacían «imprescindible» modificar su régimen jurídico para adaptarla a la situación actual, con el objetivo de «adecuar de forma ágil la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional».

La aprobación del real decreto-ley permitirá que el FROB pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales sin la necesidad de que la Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal.

Es decir, el texto abre la puerta a que el Estado aumente su participación en la Sareb a costa de que el resto de accionistas reduzcan su peso en el capital de la sociedad, que el pasado año ingresó unos 2.300 millones de euros, un 60 % más que en 2020, y planea cancelar más de 1.000 millones en deuda.

Actualmente, el FROB es el principal accionista con un 45,9 % de la Sareb, seguido por el Banco Santander, que posee un 22,21 %; CaixaBank, el 12,24 %; Sabadell, el 6,61 %; Kutxabank, el 2,53 %; Ibercaja Banco, el 1,43 % y Bankinter, un 1,37 %, entre otros.

Aunque el Estado se haga con el control de la Sareb, la sociedad dispondrá de un régimen societario específico para que pueda mantener «la agilidad necesaria para llevar a cabo su función desinversora», si bien, puntualiza el comunicado, le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección.

Hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía venía realizando actuaciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios, pero el Gobierno quiere reforzar este compromiso, «en aras de maximizar la utilidad social de estos inmuebles y el impacto positivo de la compañía en la sociedad».

Finalmente, se ajusta el sistema de supervisión a la nueva estructura jurídica de la compañía, si bien se mantiene el régimen de supervisión por parte del Banco de España.