Estados Unidos impone un arancel a la aceituna española por competencia desleal

Primer paso en la ofensiva de Estados Unidos contra las aceitunas españolas. El Gobierno de Donald Trump ha impuesto este miércoles un arancel a la aceituna española tras llegar a la conclusión de que este producto se importa por debajo de su precio de mercado gracias a las subvenciones que recibe. El arancel oscila entre el 2,31% y el 7,24% y tiene carácter preliminar.

El secretario de comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ha manifestado que Estados Unidos «valora» sus relaciones con España, pero ha subrayado que «incluso los países amigos deben cumplir con las reglas», por lo que continuarán revisando «toda la información relacionada» con esta resolución preliminar mientras «defienden» a los trabajadores y las empresas estadounidenses, ha señalado.

Esta resolución llega tras la apertura de una investigación a petición de la Coalición para el Comercio Justo de la Aceituna, cuyos miembros individuales son Bell-Carter Foods y Musco Family Olive.

La conclusión final llegará en abril del próximo año

El departamento de Comercio ha determinado de manera preliminar que el arancel a los exportadores de España oscile entre el 2,31% y el 7,24%, y a menos que se posponga, el anuncio de la determinación final está programado para el 4 de abril del próximo año.

Desde hoy, el servicio de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos cobrará depósitos en efectivo a los importadores de aceitunas maduras de España con arreglo a estas tarifas preliminares.

Esta aplicación de la Ley comercial de los EE.UU. es el principal foco de la Administración Trump. Desde que Trump ocupara la presidencia el 20 de enero de 2017 hasta el 21 de noviembre de 2017, el departamento de Comercio ha abierto 77 investigaciones antidumping y de derechos compensatorios, creciendo del 48% en 2016 al 61% de este año.

Tejerina: «La investigación no tiene fundamento»

El pasado mes de octubre, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, trasladó la preocupación por el caso a sus socios europeos y afirmó que esta investigación «no tiene fundamento».

En este sentido, la titular de la cartera de agricultura subrayó que no solo se trata de «defender el interés de los productores españoles», que «es una prioridad», sino la «esencia de la PAC». Además, afirmó que detrás de esta apertura de expediente estaría «un cuestionamiento de la PAC».

Por su parte, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, alertó esta semana de que si la resolución de la denuncia interpuesta por las autoridades de Estados Unidos contra las importaciones de aceitunas españolas resulta desfavorable se sentaría un precedente «muy peligroso» para otras posibles acciones restrictivas en otros productos que reciben ayudas por parte de la UE.

En 2016, las importaciones de aceitunas maduras de España fueron valoradas en unos 70,9 millones de dólares (60,2 millones de euros).

La ley de derechos compensatorios

En la actualidad, el departamento de Comercio estadounidense mantiene 412 órdenes antidumping y compensatorias que «brindan alivio» a las empresas e industrias estadounidenses «afectadas por el comercio desleal». Las leyes de derechos compensatorios otorgan a las empresas y trabajadores estadounidenses un mecanismo «internacionalmente aceptado» para «buscar alivio» a los efectos nocivos de la «subvención injusta» de las importaciones en los Estados Unidos.

Si finalmente el departamento de Comercio hace una determinación definitiva positiva y la Comisión de Comercio Internacional de los EEUU avala la existencia de daño final, el departamento de Comercio emitirá una orden de derechos compensatorios. De resultar cualquiera de las dos negativas, la investigación se dará por terminada y no se emitirá orden alguna.

Según el comunicado del Gobierno, la unidad de Ejecución y Cumplimiento del departamento de Comercio de los EE.UU. dentro de la Administración de Comercio Internacional es la responsable de «aplicar enérgicamente» las leyes comerciales de EE.UU. Y lo hace a través de un «proceso imparcial y transparente» que se rige por el derecho internacional y se basa «exclusivamente en pruebas objetivas».