España puede eliminar la tasa Google para negociar una bajada de aranceles en EEUU

• Alicia Bonilla
• Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
• • 23/04/2025 06:45
  • Actualizado: 23/04/2025 06:45

Entre las peticiones que hizo el Gobierno de Estados Unidos tras reunirse con Carlos Cuerpo, se encontraban que España debía aumentar el gasto en defensa y acabar con la Tasa Google. Sin embargo, la exigencia de acabar con la Tasa Google podría ser una baza del Gobierno español para lograr negociar con Donald Trump los aranceles que quiere aplicar del 20% a todos los países de la Unión Europeo. «La Tasa Google puede convertirse en moneda de cambio para mejorar los aranceles aplicables a productos españoles importados por los EEUU», según asegura Albert Sagues, responsable del área Fiscal en la consultora RSM.

«No hay que olvidar que la economía americana importa muchos bienes, y de ahí el aumento de la presión arancelaria como medida proteccionista, aunque, por otra parte, Estados Unidos es un gran exportador de servicios, y entre ellos los servicios digitales son parte importante y, por lo tanto, pueden convertirse en una contrapartida en la negociación. Asimismo, cada Estado es soberano y dueño de sus propias decisiones. No obstante, el Gobierno tiene margen legal para proponer su modificación o derogación por vía legislativa», explica Sagues.

Ante esta situación, muchos se preguntan si el Gobierno de España puede modificar o suspender este impuesto por razones geopolíticas, como las presiones de EEUU. «Desde una perspectiva legal, España puede eliminar unilateralmente la Tasa Google en cualquier momento, ya que se trata de un tributo estatal regulado por ley interna. Los Estados son soberanos y están legitimados para establecer los tributos que consideren salvo que, en base a algún tratado internacional hayan adquirido compromisos al respecto, como sucede en el marco de la Unión Europea y el IVA», aclara.

La Tasa Google y el acuerdo de la OCDE

Sin embargo, la Tasa Google no es tan fácil de eliminar, ya que hay que tener en cuenta los acuerdos con la OCDE. «Ahora bien, hacerlo antes de que entre en vigor el acuerdo internacional de la OCDE podría debilitar la posición de España en las negociaciones multilaterales y generar incertidumbre para los contribuyentes. La actual Tasa existe en España y sería un sinsentido eliminarla para que, al cabo de un tiempo, se reintrodujera en el marco de un acuerdo de la OCDE», defiende.

«Además, la retirada de la Tasa Google antes de la entrada en vigor del acuerdo enviaría una señal de falta de compromiso con la idea de una fiscalidad más equitativa en el entorno digital, que fue la justificación de su creación en España, justo en un momento en que otros países están esperando que el acuerdo multilateral se materialice. Por tanto, sería deseable que cualquier decisión se alinee con una estrategia fiscal coherente, que combine seguridad jurídica con visión de futuro», expone.

Asimismo, es posible mantener la Tasa Google sin vulnerar los compromisos adquiridos por España en el marco de la OCDE. «Sí, se puede mantener de forma transitoria, ya que el acuerdo de la OCDE contempla la supresión de los impuestos digitales unilaterales una vez que el nuevo sistema global esté plenamente en vigor. Por lo tanto, su mantenimiento es legal y compatible con los compromisos asumidos, siempre que España actúe de buena fe y no obstaculice el proceso y hasta la aprobación definitiva de un acuerdo global al respecto», afirma.

Con respecto a qué consecuencias jurídicas podría haber para las plataformas que ya han tributado si se elimina la tasa: «Las obligaciones fiscales ya satisfechas no se ven afectadas por una eventual derogación futura del impuesto. No habría derecho a devolución salvo que se aprobara una medida retroactiva (algo insólito, jurídicamente complejo y perjudicial para el equilibrio presupuestario español). Eso sí, en el caso de procedimientos abiertos, autoliquidaciones pendientes de revisión o litigios en curso, habría que analizar caso por caso el efecto de la nueva norma», asegura.