España no combate la corrupción, ¡la fabrica!

«El socialismo es todo sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana o función empresarial», Jesús Huerta de Soto.

España acaba de registrar la peor calificación en corrupción desde que existe el índice moderno: 55 puntos sobre 100, puesto 49 del mundo, empatada con Chipre y Fiji y superada por Portugal y Eslovenia. Diecinueve posiciones perdidas desde 2019. En contraste con el dato, el reflejo del sistema es siempre el mismo: pedir más leyes, más agencias, más inspectores, más controles y en definitiva, más intervención. Una nueva oficina anticorrupción, un nuevo organismo o una nueva partida presupuestaria no es la solución y ahí está el error de raíz, porque esa receta lejos de ser la cura, es la propia enfermedad, eso sí, como siempre disfrazada de remedio.

La corrupción en España no es un problema de manzanas podridas que se cuelan en un cesto sano. Es el producto previsible, casi matemático, de una idea: la de que una sociedad moderna puede dirigirse desde arriba a golpe de decreto, como si fuera una máquina simple con dos o tres palancas. Pero queridos amigos, ¡no lo es! Una economía con cuarenta y ocho millones de personas tomando millones de decisiones cada hora es lo que Friedrich Hayek llamó un fenómeno complejo: un orden espontáneo cuyo comportamiento depende de la interacción de un número inabarcable de variables que ningún cerebro puede contener. Y si, tampoco ningún grupo de burócratas disfrazados de consejo de ministros o similar.

Hayek dedicó parte de su obra a demostrar algo que el poder detesta escuchar y es que el conocimiento relevante para coordinar una sociedad no está en nuevos ministerios, ni tampoco en la Moncloa o en la Carrera de San Jerónimo, sino disperso, fragmentado y a menudo tácito repartido entre los millones de ciudadanos y empresas que conocen su circunstancia local y concreta. El tendero sabe de su barrio lo que jamás cabrá en una estadística. El burócrata sin embargo, por brillante que sea, opera siempre a ciegas y sin ningún tipo de experiencia. Creer lo contrario, implica la crédula potestad intelectual de pretender que se posee la información y la inteligencia necesarias para diseñar la vida de los demás, es decir de millones de personas. Ignominia intelectual en su máxima expresión. Hayek lo bautizó con dos expresiones que hoy describen España mejor que ningún editorial: la pretensión del conocimiento y la fatal arrogancia.

Aquí viene el salto que casi nadie se atreve a dar, y que es el corazón de estas palabras que vienen a continuación. Cuando el Estado, incapaz de coordinar lo que no entiende, se empeña igualmente en intervenir, en lugar de producir el orden que pretende, produce peajes, en forma de licencias urbanísticas, permisos ambientales, autorización, cuota o barrera autonómica de turno que no es más que un cuello de botella artificial colocado en mitad del camino de quien quiere producir, invertir, ahorrar o emprender. Y como sabemos, allá donde hay un cuello de botella y un político con poder discrecional para abrirlo o cerrarlo, hay una renta que capturar. Un incentivo no productivo, que poco aporta al bien común. La corrupción es, sencillamente, el precio de mercado —negro, opaco, pero precio al fin— de ese poder arbitrario. Así pues, el soborno, el enchufe, el tráfico de influencias y la puerta giratoria no son fallos del sistema, de ninguna manera, son su mecanismo natural de descongestión y el atajo que la propia maquinaria estatal obliga a buscar.

El profesor Jesús Huerta de Soto, máximo exponente de la Escuela Austriaca en la actualidad y como yo, anarcocapitalista convencido, lo ha explicado de manera intelectualmente brillante. Definió el socialismo —y en esa definición incluye toda intervención sistemática y coactiva sobre la economía, venga de la izquierda o de la derecha— como la agresión institucional contra el libre ejercicio de la función empresarial. ¡Genial y exquisita definición! Como pueden imaginar, esa agresión no sólo empobrece al orden social al impedir que la creatividad de la gente descubra y coordine recursos, sino que además corrompe. Y lo hace porque obliga a millones de personas a pedir permiso para ejercer la libertad y poder tomar decisiones, y está claro que todo permiso que puede concederse o negarse a discreción de alguien que tenga cualquier tipo de poder, acaba teniendo un precio. Pese a quien le pese.

Por este motivo ningún partido político se salva, y este es el punto que conviene gritar bien alto. De la trama Gürtel a los EREs de Andalucía, la corrupción ha teñido a la derecha y a la izquierda con idéntica naturalidad. Como dijo Rufián, esto va de corruptos Premium o corruptos cutres, aunque yo le llamaría corruptos que son seducidos del sector privado o lo que es peor, corruptos que utilizan las palancas de poder en beneficio propio. Lo primero es excusable y punible, lo segundo es sistémico y suele terminar en cualquier tipo de dictadura.

Así que, querido lector, esto no consiste en que entren políticos honrados y se vuelvan ladrones por una extraña fatalidad personal. No es una casualidad, es simplemente que la estructura del poder centralizado corrompe a quien la toca, al margen de sus intenciones iniciales. Quien controla la palanca coactiva termina, antes o después, usándola en su provecho o en el de los suyos. Es física institucional, no flaqueza moral. Y mientras el debate público se entretenga en señalar al corrupto de turno en lugar de a la estructura que lo fabrica en serie, seguiremos cambiando de cara a los corruptos sin reducir un gramo la corrupción. Como siempre digo, el debate no es si izquierda o derecha, el debate va mucho más allá y consiste en estatismo o no estatismo, porque como expongo en mi libro Soy anarcocapitalista, el orden espontáneo de la anarquía de propiedad privada, es mejor sistema de orden social que el caos planificado y corrupto del estatismo moderno.

Hay un segundo motor, igual de poderoso. El estatismo expansivo convierte la política en una gigantesca máquina de transferir rentas. Como dijo Zapatero, y en esto tenía razón, el socialismo consiste en tener muy poco (los súbditos o nosotros) y estar dispuesto a dar mucho (a los gobernantes mediante el uso de la violencia en forma de impuestos). El dinero público —que es dinero ajeno, arrancado por la fuerza al contribuyente— se transforma en el combustible de redes clientelares en forma de subvenciones a dedo, chiringuitos, empleo público colocado como botín o ayudas diseñadas para fidelizar nichos de votantes. La compra de voluntades con cargo a todos, forma parte del expolio y la destrucción de riqueza del estatismo moderno. El votante deja de ser un ciudadano libre y pasa a ser un cliente cautivo de quien reparte en lugar de un cliente empoderado, algo que sucedería en un mundo anarcocapitalista mediante un modelo policonstitucionalista de competencia entre jurisdicciones.

Es aquí cuando me dirán —es la objeción de moda— que los países nórdicos tienen Estados enormes y son los menos corruptos del planeta. Y razón no les falta, Dinamarca puntúa 90 y Finlandia 88, mientras nosotros arañamos un 55. Pero precisamente ahí está la clave que demuele el discurso oficial español. Lo que corrompe no es el tamaño del Estado, es su discrecionalidad. Un Estado grande pero gobernado por reglas generales, transparentes e iguales para todos —el imperio de la ley que tanto defendía Hayek— deja poquísimo margen al peaje. Un Estado que gobierna a base de excepciones, de licencias particulares, de diecisiete marcos regulatorios autonómicos solapados y de un BOE que muta cada semana, multiplica hasta el infinito los puntos donde alguien puede cobrar por dejarte pasar. España no padece simplemente por exceso de Estado, padece por exceso de poder arbitrario. Y por supuesto, el arbitrio no es más que la materia prima de la corrupción.

Así que cuando ese poder se atreve además a sustituir al sistema de precios, el desastre deja de ser una hipótesis y se vuelve aritmética. La Ley de Vivienda es el manual de instrucciones del fracaso estatista. Topar el precio del alquiler en Cataluña no ha creado vivienda asequible, ha aniquilado la oferta. Barcelona ha perdido cerca de cuarenta y ocho mil viviendas de alquiler en apenas dos años y los nuevos contratos se han desplomado más de un veinte por ciento, mientras el alquiler medio en España toca máximos históricos. Se prohibió el termómetro y se decretó por ley que ya no había fiebre y claro, el resultado, como no podría ser de otra manera era transparente: menos pisos, más caros y más difíciles de encontrar, justo lo que la teoría económica más elemental anticipó. Y es que debe quedar muy claro, que el precio no es un capricho que el consejo de ministros pueda fijar: es información comprimida. Quien lo silencia por decreto no elimina la escasez; sino que la agrava y la esconde. ¿Saben cómo se elimina la escasez? ¡Con menos estupidez!

¿Y la economía sumergida? Ese 24% del PIB —cerca de trescientos treinta mil millones de euros, el tercer puesto de la Unión Europea tras Grecia e Italia— no es un océano de delincuentes. Es el termómetro de la asfixia fiscal y un mal menor como herramienta de subsistencia. Es la reacción defensiva de una sociedad civil que, ahogada por la presión fiscal y regulatoria, busca el resquicio por donde seguir respirando. No la celebro como virtud, por supuesto que hay normas. Pero la leo como un diagnóstico inapelable: cuando una de cada cuatro unidades de actividad escapa del control estatal, el problema no está en el ciudadano que huye, sino en el Estado del que se huye. Y conviene fijarse en un detalle que bajo mi punto de vista es  demoledor. Los países con menos economía sumergida —Suecia, un 6%; Dinamarca, un 9%— no son los de impuestos más bajos, sino los de instituciones más limpias y menos arbitrarias. Otra vez la misma lección: la enfermedad es la discrecionalidad, no la mera recaudación.

La conclusión, por tanto, es tan sencilla como incómoda para quien vive del problema. La corrupción estructural no se combate creando una nueva agencia anticorrupción —que es más de lo mismo que la genera—. Se combate retirando el botín. Allí donde no hay permiso que vender, no hay soborno que cobrar. Allí donde deciden millones de personas de forma descentralizada y voluntaria, sometidas a reglas iguales para todas, no decide el político de turno.

Reducir drásticamente el tamaño del Estado (o directamente desmantelarlo) y, sobre todo, la discrecionalidad del Estado; desmontar la maraña regulatoria y devolver a las personas la libertad de actuar sin pedir venia a nadie, no es una utopía ingenua, sino la única política anticorrupción que ataca la causa en lugar de maquillar el síntoma.

El orden de una sociedad próspera y limpia no se fabrica desde el consejo de ministros de turno; emerge por sí mismo cuando se deja a la gente en paz. Todo lo demás es la fatal arrogancia de creer que un puñado de iluminados sabe organizar la vida de cuarenta y ocho millones de personas mejor que ellas mismas. Y esa arrogancia, en España, ya sabemos perfectamente cómo se paga. En soles, lechugas, chistorras y joyas.