España es uno de los países de la OCDE donde es más fácil beneficiarse de la prestación de paro

España es uno de los países de la OCDE donde es más fácil conseguir y mantener una prestación de desempleo, tal y como se recoge en el último informe elaborado por BBVA Research. Además, la generosidad de las prestaciones se sitúa en la media de la UE en términos de porcentaje de salario que se abona. Por si fuera poco, se trata de uno de los países donde la ayuda dura más tiempo, lo cual reduce la disposición a aceptar un trabajo y acaba produciendo perfiles poco empleables. Para colmo, el responsable de controlar a los beneficiarios no soporta el coste, por lo que no tiene ningún motivo para retirar los subsidios. O traducido al cristiano: las Comunidades Autónomas no se molestan en fiscalizar y sancionar a los parados porque el dinero que se desembolsa pertenece al Estado central.

El cóctel es explosivo. Y éste es uno de los puntos capitales que destaca el último informe del servicio de estudios de BBVA. O al menos eso se desprende de las propuestas que hace: en primer lugar, pide que la duración de la prestación de desempleo se reduzca, al menos durante la fase expansiva del ciclo económico. Y no se trata de una ocurrencia sin precedentes, puesto que en Canadá ya se hace por regiones de forma automática en función de las tasas de paro que padezcan.

En España no se vincula la prestación de paro a que el desocupado demuestre que está buscando empleo de forma activa

A juicio de los expertos de la entidad azul, en España hay demasiada facilidad para rechazar un trabajo mientras se percibe la prestación, hay muy poca condicionalidad y no existe un control sobre si el parado busca de verdad empleo.

De ahí que haya que vincular las políticas activas para reciclar parados con las pasivas. O lo que es lo mismo, que la prestación de desempleo se condicione a cursos e itinerarios de reciclaje y que los beneficiarios demuestren periódicamente que están buscando empleo de una manera activa. Y en este sentido el ejemplo a seguir es el de Alemania, donde cualquier prestación está sujeta a la disponibilidad absoluta para trabajar y participar en medidas de activación, situación de la que estamos muy lejos en España, si bien por estos lares el extraordinario número de desocupados desborda cualquier presupuesto o estructura de recolocación.

Quizás por eso, BBVA recuerda que toda la evidencia empírica señala que las sanciones funcionan. El hecho de castigar cualquier incumplimiento de la condicionalidad de las prestaciones suele tener consecuencias harto positivas sobre la duración del desempleo, en ocasiones incluso doblándose las probabilidades de salida del paro.

No obstante, la entidad apunta que se debe ser prudente con las estrategias punitivas para no provocar que los trabajadores terminen tomando puestos peores y, por consiguiente, con sueldos más bajos.

Los economistas del banco que preside Francisco González abogan por “ampliar el concepto de oferta de empleo adecuada en línea con los estándares internacionales”. Contamos con una definición demasiado restrictiva, y por ese motivo BBVA recomienda que pueda haber más distancia física entre la residencia y el puesto de trabajo conforme aumente el tiempo en el desempleo; revisar el tipo de profesiones que puedan considerarse no aptas y agilizar y endurecer las sanciones.

El documento también sugiere que la prestación se integre en un sistema de cuentas individuales o nocionales, es decir, que el dinero se pueda guardar para la pensión si no se gasta. Lo cual constituiría un gran incentivo de cara a consumir la prestación lo menos posible.

Por último, BBVA plantea la creación de un sistema que premie o penalice con bonus y malus las cotizaciones de las empresas en función de si despiden más o menos, algo que reforzaría a las mejores compañías y las libraría de subsidiar a las peores pero que podría lastrar a las empresas que pasan por dificultades.

Por otra parte, el servicio de estudios censura que España no se aproveche al sector privado para recolocar parados y que se gaste demasiado poco por desempleado para reciclarlos, unos 1.400 euros frente a los 2.700 euros de la media europea. En concreto, critica que se destine el dinero a incentivos a la contratación con tarifas planas en detrimento de la formación e integración de los desocupados.

Semejante revolución del sistema de prestaciones se tendría que combinar con un fuerte paquete reformista que contemplara una devaluación fiscal bajando cotizaciones y subiendo impuestos indirectos; un contrato con una indemnización creciente y mayor para los temporales que los fijos, y una negociación colectiva más centrada en la empresa y que facilite la flexibilidad salarial siempre ligada a incrementos de la productividad. Todo ello con tal de evitar que España siga siendo un país en el que persista una gran destrucción de empleo, una alta temporalidad, un estancamiento de los salarios reales y un crecimiento anémico de la productividad.