El escándalo de Plus Ultra fuerza a Sánchez a informar al Congreso de los fondos europeos

El escándalo de la aerolínea venezolana Plus Ultra, un oscuro ‘rescate’ que el Gobierno ha realizado con 53 millones de euros de dinero público a una empresa insignificante en el mercado español y que no cumple los criterios de ser «estratégica», ha sentado muy mal en la Unión Europea. La forma aparentemente arbitraria en la que la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) está repartiendo el dinero de los contribuyentes a empresas ‘amigas’ hace temer en Bruselas que los fondos europeos vayan por el mismo camino. Por tanto, ante el nerviosismo y las exigencias de la Comisión Europea (que será en definitiva quien pague buena parte de la factura con endeudamiento), Pedro Sánchez e Iván Redondo preparan una fórmula para dar la apariencia de que sí se está informando al Parlamento.

Según fuentes conocedoras de los planes, el modo será previsiblemente que el presidente Sánchez se presente en el Congreso en una comparecencia voluntaria. De este modo, se limitará el control efectivo del Parlamento a que el presidente del Gobierno relate lo que se va a hacer y el poder legislativo se dé por enterado.

Este movimiento se ha acelerado durante los últimos 20 días después de que la Comisión Europea ya lanzara varios globos sondas preocupantes con destino a Moncloa, recordando que el proceso de adjudicación de fondos debe contar con «todos los actores» y no solo con el presidente y su cuadrilla. 

El comisario europeo de Asuntos Económicos Paolo Gentiloni ya se ha expresado pública y privadamente en este sentido, y a todo eso se suma el recurso ante el Tribunal Constitucional alemán que pone en peligro el reparto de fondos europeos a países como España. El TC germano precisamente pone en duda el modelo de reparto de fondos de algunos países sin citar ninguno, pero en Bruselas se han dado por enterados: la nula rendición de cuentas y nula capacidad de auditoría sobre el tipo de proyectos y reformas pone al modelo de Sánchez y Redondo en el disparadero.

La fecha del 30 de abril, por su parte, es el límite para la presentación de proyectos y la Comisión Europea quiere al menos que España venga con algo que aunque sea impresentable, parezca presentable, sobre todo después del escándalo de Plus Ultra.

El modelo español no tiene contrapesos al poder ejecutivo, mientras que en países como Portugal el primer ministro tiene que rendir cuentas al Parlamento y la Fiscalía

Hay que tener en cuenta que en el diseño que se venía preparando en los meses anteriores, el sistema de reparto de fondos (72.000 millones de euros europeos a fondo perdido) español era único, con un presidente que abarcaba el control de los fondos (al igual que en Portugal o Irlanda, por ejemplo) pero sin los contrapesos de otros países. Por ejemplo, en Portugal el primer ministro tiene que rendir cuentas al Parlamento y la Fiscalía.

Iván Redondo

En España, el reparto de los fondos ha venido a repartirse en dos partes. La parte de la digitalización (una tercera parte de presupuesto de 72.000 millones de euros), ha sido adjudicada a Nadia Calviño y su Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Para ayudarla en esta tesitura, Calviño creó el cargo de director general de Digitalización para Ángel Luis Sánchez Aristi, ex BBVA.

La propia Calviño será además la encargada de defender en Bruselas la implementación de esta inyección de dinero público, y con esta adjudicación Sánchez y Redondo han garantizado su apoyo al procedimiento. Este mismo martes, avanzará tras el Consejo de Ministros algunos puntos de este plan económico con el compromiso de intentar mejorar actuaciones como la de la aerolínea de capital caribeño Plus Ultra.

Pero la parte más importante, la de más del 60% de los fondos restante, está siendo gestionada directamente por Redondo, quien ha delegado parte de estas funciones en la Oficina Económica de Moncloa. Los grandes empresarios de este país que han ido a Moncloa para conocer el procedimiento de reparto de fondos han sido recibidos por el propio Redondo, por el director de la Oficina Económica de Moncloa Manuel de la Rocha Vázquez (hijo de Manuel de la Rocha Rubí, histórico político socialista) o por Paco Salazar o Félix Bolaños, altos cargos todos ellos directamente dependientes del easonense Iván Redondo.

El papel de los ministerios

Por su parte, los ministerios, que han participado en la presentación de proyectos al igual que las comunidades autónomas, preparan su propia estructura para la gestión de los fondos.

Pero además de todo ello, las comisiones interministeriales y los grupos de trabajo con las comunidades autónomas y ayuntamientos brillan por su ausencia por el momento. En definitiva, la gestión de Plus Ultra no es la única crítica achacable al Ejecutivo.

Sin concurrencia pública

No ha sentado tampoco muy bien en Bruselas que el presidente Pedro Sánchez se haya dedicado a airear personalmente algunos proyectos que, según dice, ya han adjudicado, como por ejemplo, la creación de «un consorcio público-privado, con Seat-Volkswagen e Iberdrola, abierto a otros socios, para montar la primera fábrica de baterías en España».

En Bruselas se preguntan donde ha estado la concurrencia pública y el acceso competitivo para este proyecto y donde la información pública. Algunos funcionarios encargados de estos proyectos se han quedado anonadados con que una medida así se comunique en prensa por parte del Gobierno.