La declaración de Torres deja al BBVA y a Francisco González al borde del banquillo por Villarejo

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 17/10/2023 06:45
  • Actualizado: 17/10/2023 08:23

La declaración del presidente del BBVA, Carlos Torres, este lunes en la Audiencia Nacional ha sellado la suerte de la causa que se sigue por los contratos del banco con Villarejo. Según fuente judiciales, deja al borde de sentarse en el banquillo de los acusados al banco como persona jurídica y, como personas físicas, a su ex presidente Francisco González (FG) y a otros ex directivos como Eduardo Arbizu, Antonio Béjar, Julio Corrochano o Eduardo Ortega.

«La declaración de Torres hace casi imposible que desimputen al BBVA ni a Francisco González, o que se les aplique el atenuante de colaboración con la Justicia, ya que se ha confirmado la actitud obstruccionista que ha mantenido el BBVA desde el principio de la investigación del caso Villarejo», asegura una de las fuentes.

Como informó este lunes OKDIARIO, Torres negó ante el juez Manuel García-Castellón cualquier conocimiento de los encargos del BBVA a Villarejo para espiar a políticos, empresarios y periodistas, incluso en la etapa en que era consejero delegado bajo la presidencia de Francisco González. Del mismo modo, rechazó estar al tanto de los requerimientos de información de la CNMV y del Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales), a los que el banco respondió de forma incompleta pese a conocer ya todos los contratos.

Estas declaraciones dejan a los pies de los caballos a su antecesor en la presidencia, puesto que era quien debía conocer estos contratos y requerimientos. De hecho, el ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano (la persona que firmó los contratos con el ex comisario), señaló a FG como máximo responsable de estas operaciones en su declaración en la Audiencia en 2021. González fue precisamente quien eligió a Torres como sucesor cuando dimitió en 2018 por el impacto reputacional del caso Villarejo.

Otro elemento que apoya el procesamiento del banco y de FG es la falta de controles internos de la actuación de sus altos ejecutivos. Torres negó ayer su existencia, a pesar de que la defensa del banco entregó al juez unos informes de Cuatrecasas y PwC que avalaban dichos controles. Curiosamente, después de avalar el modelo de cumplimiento, se encargó también a PwC el informe forensic que debía detectar fallos en dicho modelo.

Obstrucción a la investigación

Respecto a la obstrucción a la investigación, Torres descargó toda la responsabilidad en los asesores externos del banco -Garrigues, Uría y PwC-, que son los que decidieron dejar fuera del forensic los documentos y correos del propio Torres o de su mano derecha, Ricardo Forcano. Sin embargo, las fuentes no creen que estas firmas vayan a ser imputadas ni que se les vayan a requerir esos hits ocultados al juez, puesto que Garrigues lleva también la defensa del propio banco: «No puedes pedir a un abogado una evidencia que puede incriminar a su cliente», según otra de las fuentes.

Otros directivos que tendrán muy difícil librarse del banquillo son Eduardo Arbizu y Eduardo Ortega, que eran responsables de los servicios jurídicos de la entidad durante el período en que ésta contrató de forma reiterada a Villarejo y que llevaron la investigación interna inicial cuando estalló el escándalo.

Lo mismo ocurre con el citado Corrochano, que fue quien firmó los contratos con Villarejo, y con Antonio Béjar, ex director de riesgos y quien en teoría era responsable de autorizar los pagos. Ambos han sido utilizados como cabezas de turco por el banco, que sostiene que decidieron los encargos al ex comisario por su cuenta y riesgo, sin el conocimiento de la cúpula. Más dudoso, aunque no descartable, es que se siente en el banquillo el director de comunicación, Paul García Tobina.

Respecto al propio Torres, es posible que alguna de las partes o la propia Fiscalía pidan su imputación tras la declaración este lunes. Sin embargo, las fuentes consultadas no lo consideran lo más probable, porque «no hay evidencias sólidas que demuestren que mintió en su declaración», salvo que su nombre aparezca en el examen de los hits que el juez ha autorizado a varias de las defensas y acusaciones particulares. Esta es la última pericial que falta para que García-Castellón pueda cerrar la instrucción y abrir juicio oral.