La concesionaria de la AP-9 pedirá al Gobierno más de 1.000 millones si Bruselas declara ilegal el contrato

Audasa, la concesionaria de Itínere que gestiona la AP-9 entre Ferrol y Tuy, ha advertido de que reclamará al Estado más de 1.000 millones de euros en concepto de indemnizaciones si la Comisión Europea encuentra irregularidades en el actual contrato de concesión.

Así lo ha manifestado en una comunicación relativa a una emisión de obligaciones que ha publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que explica que la indemnización sería «significativamente superior» al importe actual de su deuda.

Según la información auditada, la empresa contaba con una deuda financiera neta de 1.034 millones de euros a cierre del ejercicio 2022, por lo que ese sería el importe mínimo que reclamaría al Gobierno en concepto de compensación por cualquier modificación en el contrato vigente.

En septiembre de 2021, la Comisión Europea abrió expediente a España por la extensión de la concesión de esta autopista, al considerar que la ampliación de los peajes hasta 2048 no se hizo de acuerdo a la legislación europea, que requiere la adjudicación mediante un concurso público.

La primera ampliación se aprobó en 1994 –hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González– y la segunda en el año 2000 –hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar–, mediante sendos reales decretos.

A febrero de 2023, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana todavía no había previsto ninguna actuación que pueda afectar a la relación contractual de la concesión, al considerar que no existe ningún pronunciamiento de la Comisión Europea que declare contraria a derecho esta prórroga.

Actuación de Bruselas

En cualquier caso, Audasa ha recogido en su folleto publicado en la CNMV los próximos pasos que Bruselas podría tomar si finalmente concluye que España no ha cumplido con la legislación europea, el primero de los cuales sería pedir formalmente al Gobierno español que dé cumplimiento a las leyes comunitarias.

Si el Gobierno mantuviese el incumplimiento, la Comisión puede optar por remitir el asunto, mediante demanda, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría forzar a España a adoptar las medidas necesarias para cumplir con la ley.

«Cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a Audasa y por razones de interés público, implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente el derecho de Audasa a ser debidamente indemnizada, indemnización que a juicio de Audasa sería significativamente superior al importe actual de su deuda», ha advertido la empresa.

Posteriormente, si el Estado no ejecutara la sentencia, la Comisión podría iniciar un segundo procedimiento de infracción mediante el envío de una segunda carta de emplazamiento. En una segunda sentencia, la justicia europea podría, a propuesta de la Comisión, imponer al Estado miembro el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva, según ha avanzado también ‘Cinco Días’.

Por ahora, Audasa ha confirmado que en el último año no se encuentra incursa en procedimientos gubernamentales, judiciales o de arbitraje, incluidos aquellos procedimientos que aún están pendientes de resolución o que podrían iniciarse según conocimiento de la empresa.