Colau ignora las peticiones de los trabajadores en huelga de Bicing: «queremos salarios dignos»
Hace once años que denuncian la precariedad de sus sueldos y las «lamentables condiciones de trabajo» y desde hace una semana lo están ‘gritando en las calles’ de Barcelona: los trabajadores de Bicing, la empresa creada por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y gestionada por la multinacional americana Clear Channel, siguen sin respuesta por parte de las instituciones después de una semana de huelga.
La plantilla de la compañía de bicis eléctricas y convencionales denuncian que llevan desde los comienzos cobrando entre 700 y 950€ por trabajar ocho horas. Martín (nombre ficticio) forma parte de la empresa desde hace nueve años y asegura a OKDIARIO que su sueldo no ha variado desde 2006. Como él, hay más de 150 empleados.
Pero no solo reclaman unos «sueldos dignos». También piden a la empresa que cumpla la ley de prevención de riesgos laborales y el código de circulación. «Descargamos las bicis en cualquier sitio y pasan coches por nuestro lado a alta velocidad, incluso algunos compañeros han sido atropellados. Además, Levantamos las bicis a pulso y cada una pesa cerca de 23 kilos., apunta Martín.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), sindicato que secunda la huelga prevista hasta el próximo 31 de julio, lo confirman: «cuando montaron la empresa en 2006, la excusa para tener una plantilla en condiciones de precariedad era que la actividad era nueva y se tenía que consolidar. A todos los trabajadores que intentaron denunciar la situación, se les despidió. Ahora, Bicing está consolidado y la excusa no se sostiene».
2006: adjudicada la licitación a Clear Channel
Para entender la historia hay que remontarse a julio de 2006. Hace once años, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha la licitación para la gestión de Bicing por 55 millones de euros -según datos de CGT-. Se adjudicó a la multinacional americana Clear Channel para diez años, aunque por una cantidad inferior a la que se ofertaba: concretamente, 22.495.640 euros.
Aunque Bicing cayó en manos de Clear Channel, quien se encargó de su gestión fue Moviment, compañía que subcontrató la empresa americana. Todo este lío de papeles y de adjudicaciones salpicó a la plantilla: «las consecuencias de esta rebaja económica en la inversión inicial recayeron sobre los trabajadores, sus condiciones económicas y de salud, alargándose hasta el día de hoy», cuentan desde el sindicato.
Y ahora, ¿quién se hará cargo de la gestión?
Tras vencer el acuerdo con Clear Channel -que sigue prestando servicio- el Ayuntamiento de Barcelona publicó en mayo otra licitación para 10 años. Según el documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el presupuesto base de licitación es de 227.568.148,50 euros. De ellos, solo el 19% se destinará a los costes salariales: es decir, poco más de cuatro millones.
Sin embargo, no todos los trabajadores se llevarán el mismo trozo del pastel: los directivos y los responsables de la coordinación se quedarán con más de un millón -de los 4.365.773,79€ destinados a la plantilla, mientras que el resto de trabajadores -173, aunque desde CGT denuncian que algunos han abandonado el barco- se quedará con la diferencia, aproximadamente unos tres millones de euros. «Ninguna empresa dedica una cantidad tan pequeña a los costes salariales. Son insuficientes los costes destinados a los salarios de los trabajadores y las consecuencias son los sueldos bajos».
Las cláusulas administrativas de la nueva licitación, desarrolladas por el Ayuntamiento, no varían las condiciones laborales de los trabajadores. Por ello, reclaman un convenio propio «que acompañe a los trabajadores para que no cambie de 10 años en 10 años en función del contrato de licitación y de la empresa responsable», subraya Martín, quien además urge al Ayuntamiento al «cambio de las condiciones laborales del nuevo concurso porque sigue siendo lo mismo que hace diez años. Son los mismos números que en 2006».
El sindicato señala a ambas instituciones como responsables de la situación: «Clear Channel, por haber presentado unas cifras tan bajas para realizar la licitación y el Ayuntamiento por no haber revisado las nóminas de miseria de los trabajadores «, sostiene Carlos Navarro, de CGT Barcelona.
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