El Banco de España se suma a las críticas al Gobierno por no bajar los impuestos de la luz ante la crisis de Irán

El pasado viernes, el Banco de España se sumó al coro de voces críticas con el Gobierno por su negativa a bajar los impuestos sobre la electricidad en el marco de la crisis energética derivada de la guerra en el Golfo Pérsico. Lo hizo en la última oleada de su informe Proyecciones macroeconómicas de la economía española -correspondiente al tercer trimestre de 2026-, un documento que, si bien se centra en justificar una revisión al alza tanto de la inflación como del déficit debido a ese conflicto, también dedica un espacio a tirar de las orejas al Ejecutivo a cuenta de la fiscalidad.

Para el organismo que preside José Luis Escrivá, que en este caso se ha alineado con la posición que vienen manteniendo desde hace tiempo las grandes eléctricas de nuestro país, aplicar una minoración fiscal a los combustibles fósiles —como ha hecho Moncloa— pero no a las fuentes renovables puede ser suficiente para aplacar la inflación, pero espolea el consumo de los insumos más afectados por la crisis de oferta. Esto, sigue el informe, equivale a mandar una señal de precios favorable hacia una fuente de energía que nuestro país necesita importar a la vez que se castiga a otra que es más «resiliente» dado que se puede producir localmente.

Bien es cierto que el primer Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado mes de marzo, beneficiaba tanto a los combustibles fósiles como a la electricidad vía bajada del IVA, pero los dos reales decretos que han seguido se han focalizado mucho más en los primeros. La última norma, aprobada el 29 de septiembre, contiene rebajas graduales en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) para todos los conductores, subvenciones específicas para los consumidores de carburante en el transporte, la agricultura y el ferrocarril y un tope al precio del gas, mientras que la fiscalidad de la factura de la luz queda sin cambios, aunque supeditada a un mecanismo de salvaguardia que la rebajará si los precios se disparan.

Como ya se ha avanzado, al Banco de España esto le parece equivocado, y no se queda ahí. También carga específicamente contra el modo en que el Gobierno ha diseñado el escudo anticrisis, pues este ha terminado por incorporar un agravio comparativo del diésel frente a la gasolina que va en contra del compromiso que España adquirió con la Comisión Europea allá por 2021 cuando le remitió el Plan de Recuperación.

Ese texto, que compendiaba la batería de objetivos que nuestro país iba a perseguir para justificar la recepción de las subvenciones y créditos desplegados por Bruselas tras la pandemia —los fondos Next Generation—, incluía el llamado Hito 388, consistente en el compromiso de aumentar la recaudación fiscal en un 0,3% del PIB por la vía de nuevos gravámenes al diésel.

Ese compromiso, y así lo insinúa en su informe el Banco de España, no cayó del cielo, pues iba en la línea de lo que en Europa es un dogma al menos desde 2011. Ese año, y tras constatar que el gasóleo contamina más que la gasolina, Bruselas acabó de un plumazo con cuarenta años de preferencia fiscal sobre el gasóleo e impuso la doctrina de que los países debían eliminar cualquier ventaja tributaria que tuviera este carburante.

Visto esto, en 2021 el Ejecutivo ligó la recepción de una parte de los fondos europeos a ese ajuste fiscal, una estrategia que ha resultado fallida porque, debido a su debilidad parlamentaria, en cinco años la coalición de gobierno no ha sido capaz de aprobar la norma que lo haga efectivo, cosa que a nuestro país le ha costado 200 millones de euros en ayudas Next retenidas. Con todo, en la actualidad Hacienda sigue beneficiando al gasóleo con una tarifa de 0,379 euros por litro en el IEH frente a los 0,473 euros que soporta la gasolina.

Sea como fuere, la crítica del Banco de España no apunta tanto a este problema, que es antiguo, como al hecho de que la respuesta fiscal desplegada por Moncloa para hacer frente a la crisis inflacionaria haya empeorado aún más el desequilibrio. Esto sucedió el pasado mes de septiembre con la activación de la cláusula de salvaguardia sobre el diésel (la subvención volvió a los 20 céntimos debido al repentino encarecimiento), que terminó por ampliar su ventaja fiscal sobre la gasolina de 9,4 a 24,4 céntimos por litro.