La Audiencia de Madrid ordena nuevas diligencias sobre el presunto blanqueo de Rato

En el auto conocido este jueves, el tribunal ratifica la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que CaixaBank facilite información sobre el «posible lavado de las supuestas comisiones cobradas por la empresa Albisa a Zenith y Publicis», firmas que lograron los contratos de publicidad de Bankia.

La solicitud de la fiscal Elena Lorente se basa en un informe de la Agencia Tributaria sobre cuentas bancarias vinculadas al exministro, y en concreto a determinadas cantidades ingresadas en las cuentas de Kradonara, presunto epicentro societario de Rato, procedentes de las comisiones cobradas a las agencias de publicidad.

Albisa habría ingresado, entre los años 2011 y 2012 más de 400.000 euros en Bagerpleta, sociedad de la que Rato es fiador a través de una póliza de La Caixa cuyo importe es 11 millones de euros.

El ministerio público pretende completar así la investigación ya iniciada sobre estas operaciones.

En su recurso, Rato alegaba que ya había declarado íntegramente la totalidad de su patrimonio en el extranjero, y que la información relativa a Bagerpleta le fue incautada en los registros de abril de 2015, cuando fue detenido, por lo que el interés que ahora se muestra es «injustificado».

La Audiencia Provincial, por su parte, encuentra que se trata de una operación concreta, «que se corresponde con personas muy concretas con un reflejo bancario determinado, y que no se trata de una batería ingente de diligencias».

La investigación judicial se alargará por espacio de tres años a contar desde el 1 de diciembre de 2018

Existe «soporte indiciario documental» de que los ingresos en la cuenta de Bagerpleta pueden estar relacionados con la percepción, por parte de Rato, de ingresos objeto de investigación en su relación con la «cuestionada adjudicación» de las campañas de publicidad de Bankia, prosigue el auto.

Dichos contratos publicitarios forman parte de otra pieza separada por la que el exministro fue procesado la semana pasada, ya que según los investigadores habría recibido más de 800.000 euros en comisiones.

Asimismo, la Audiencia de Madrid ha rechazado los recursos presentados por Rato y por Anticorrupción contra la decisión del juzgado de instrucción n 31 de prorrogar 18 meses más la instrucción del denominado «caso Rato».

De este modo, la investigación judicial se alargará por espacio de tres años a contar desde el 1 de diciembre de 2018 , por lo complicado del caso, que consta de ocho piezas separadas.