La Airef nunca dijo que las pensiones de Sánchez fueran sostenibles: solo aseguró que cumplían la regla de gasto

Como era de esperar, Pedro Sánchez ha arrancado la precampaña con numerosas referencias a su gestión del sistema de pensiones, que asegura que garantizará el mantenimiento sine die de las revalorizaciones anuales con el IPC vigentes desde que se aprobara la reforma Escrivá allá por 2021. Así lo ha afirmado hoy el presidente a su llegada a la reunión de líderes de la UE en Bruselas, donde ha venido a repetir lo que ya aseguró hace ahora seis días durante una entrevista con elDiario.es, cuando dijo que la sostenibilidad «presente y futura» del sistema está garantizada.

Sin duda, llama la atención que el líder del Ejecutivo se muestre tan optimista cuando la deuda de la Seguridad Social ya supera los 136.000 millones de euros y apunta a empujar el pasivo de las Administraciones públicas hasta el 123% del PIB en 2050. Y, más aún, que pretenda justificar su posición en un reciente informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que, en realidad, dijo algo muy distinto a lo que asegura Sánchez.

«La AIReF, que no creo que sea sospechosa de ser roja peligrosa, ha dicho que en 2025 y en 2026, gracias a las medidas de refuerzo (léase, del Ejecutivo) la sostenibilidad presente y futura (del sistema) está garantizada”. Esta es la afirmación que realizó el presidente durante la entrevista en elDiario.es, y la que parece fundamentar su optimismo, hoy reafirmado a la entrada de la reunión en el seno del Consejo Europeo.

Sin embargo, se trata de una interpretación muy generosa de la opinión del organismo presidido por Inés Olóndriz. En efecto, el Ejecutivo aprobó el último examen de las pensiones realizado por este ente independiente, que situó el gasto previsto en el horizonte 2022-2030 en el 13% del PIB, por debajo de ese 13,3% que obligaría a nuestro país a subir las cotizaciones.

Es decir, que la llamada ‘regla de gasto’ se cumple. Sin embargo, a renglón seguido el informe de la Airef advertía de que la sostenibilidad del sistema «no está garantizada» -pese a lo que diga Sánchez- y que, debido al envejecimiento de la población, la Seguridad Social se encamina a soportar unas obligaciones de gasto que le obligarán a aumentar en 2,3 puntos las transferencias implícitas del resto de los Fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central, hasta alcanzar el 3% del PIB.

¿Cómo puede ser que el Gobierno cumpla la regla de gasto si las cuentas no salen? Según la Airef, el problema está en el diseño de esa regla, que compara el dispendio que cada año hace la Seguridad Social con una senda de ingresos «imprecisa» -se lee en el informe- porque no incorpora con la suficiente finura las transferencias que el Estado tiene que hacer cada año para mantener a flote las nóminas, y que «restan recursos» para otras políticas.

Por todo ello, en ese mismo documento -publicado el 29 de mayo- la Airef exigía al Ejecutivo que reformara la regla de gasto para que esta se adecuara mejor al marco fiscal europeo, que se ancla en la deuda pública y sitúa como variable clave para medir la salud de las cuentas el gasto primario neto de medidas de ingresos (es decir, sin contar la evolución coyuntural de la economía). En el fondo, esto equivale a decir que un análisis certero de la sostenibilidad de la Seguridad Social debería contabilizar mejor el efecto sobre el déficit general de las transferencias que hace el Estado y no debería estar ligado al buen momento que pueda vivir el PIB en el período.