La AIReF alerta del golpe a las pensiones: superarán el 16% del PIB en 2050 con 6 millones más de pensionistas

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, ha advertido de que España deberá prepararse a las presiones que se avecinan en el largo plazo en materia de envejecimiento, el cambio climático, la transformación digital y las nuevas necesidades que surjan de un entorno geopolítico «cada vez más incierto y más complejo».

Durante su intervención en el Forbes Economic Summit 2026, Olóndriz ha señalado que la sostenibilidad de las finanzas públicas exige superar una visión centrada en el corto plazo y analizar de forma integral los efectos de los cambios demográficos sobre la economía, los ingresos y el gasto de las administraciones públicas.

Según las proyecciones de la AIReF, la población española pasará de los 49 millones de habitantes estimados en 2025 a cerca de 53 millones en 2050. No obstante, ha subrayado que este incremento estará acompañado de un acusado envejecimiento de la población, pese a la aportación de los flujos migratorios.

Esperanza de vida en 87 años

La inmigración será el principal factor detrás del crecimiento poblacional y contribuirá a retrasar parcialmente el envejecimiento, aunque no lo eliminará, según ha explicado. A ello se sumará el aumento de la longevidad, con una esperanza de vida que la institución proyecta en 87 años para 2050, especialmente entre las mujeres, y una fecundidad que seguirá en niveles reducidos.

En materia de pensiones, la AIReF estima que en 2050 habrá seis millones más de pensionistas y que el gasto bruto del sistema se situará en el entorno del 16% del PIB o incluso por encima.

Por ello, ha reclamado presupuestos integrados en una estrategia fiscal de medio plazo, en línea con el marco fiscal europeo, que expliciten las prioridades, detallen su financiación y aseguren la compatibilidad entre las decisiones presentes y los compromisos futuros.

Asimismo, ha defendido que la sostenibilidad no equivale únicamente a reducir gasto, sino a decidir qué políticas se preservan, qué resultados se persiguen y cómo se financian de forma duradera.