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Afectados por reclamaciones del ingreso mínimo retan por carta a Sánchez: «Dijo que nadie se quedaría atrás»

Los afectados por las reclamaciones de devolución del ingreso mínimo por la Seguridad Social quedan con una deuda que no pueden pagar

Los afectados por las reclamaciones de devolución del ingreso mínimo vital (IMV), la medida estrella del llamado escudo social del Gobierno, han dado un paso más en su batalla para que el Ejecutivo dé marcha atrás en esas reclamaciones, que en muchos casos dejan a las familias en situación de vulnerabilidad o con una deuda que no pueden pagar.

La situación es tan grave que incluso el Gobierno ha embargado la casa a una afectada a la que le reclama 23.000 euros de cobros indebidos del ingreso mínimo, como publicó este diario.

La Asociación de Afectados ha enviado una carta a Moncloa a Pedro Sánchez en la que le recuerdan que dijo «que no iba a dejar a nadie atrás». «No hablamos de casos aislados ni de situaciones anecdóticas, sino de una cuestión que ha alcanzado relevancia internacional por su impacto sobre miles de familias vulnerables», señalan en su carta.

En efecto, los miles de afectados por las devoluciones del ingreso mínimo por parte de la Seguridad Social —en casos por errores de la propia Administración— ya denunciaron a España ante el Comité Europeo de Derechos Humanos por incumplir la Carta Social Europea, con la ayuda de la ONG ATD Cuarto Mundo.

El Comité Europeo ha aceptado la denuncia y la está investigando. Sin embargo, el Gobierno ha pasado prácticamente por alto en esta denuncia las reclamaciones de los cobros indebidos, lo que ha alterado aún más a los afectados.

Esto ha provocado que hayan dado el paso de enviar miles de cartas —la primera de la Asociación a nivel general y, después, los afectados contando su problema personal— para que «Sánchez no pueda decir que no sabía nada de lo que estaba pasando», señalan.

Porque la realidad es que, frente al triunfalismo del Gobierno cada mes con el ingreso mínimo y su alcance, hay miles de familias que están sufriendo porque les reclaman un dinero que no tienen, en muchos casos por errores de la Administración a la hora de calcular los ingresos (si se sobrepasan, les reclaman que devuelvan lo cobrado).

«Durante años hemos escuchado a su Gobierno hablar de justicia social, lucha contra la pobreza, protección de la infancia, igualdad de oportunidades, feminismo y defensa de los más vulnerables. Hemos escuchado que nadie se quedaría atrás. Hemos escuchado que el Ingreso Mínimo Vital era un escudo social destinado a proteger a quienes más lo necesitaban.

Sin embargo, miles de familias en toda España viven una realidad muy distinta. Mientras su Gobierno continúa presentando el IMV como un éxito, una reclamación colectiva contra España sigue su curso ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, donde se examinan cuestiones tan graves como los procedimientos de revisión de la prestación y las reclamaciones de cantidades consideradas indebidamente percibidas. Y esa contradicción ya no puede ignorarse. Porque detrás de las cifras oficiales existen personas reales. Y porque el propio Comité Europeo ha incluido expresamente los procedimientos de revisión y los cobros indebidos entre las cuestiones que merecen ser examinadas», dicen a Sánchez los afectados en la misiva.

Elma Saiz, ministra de Seguridad Social.

E insisten: «Su Gobierno se presenta como feminista. Sin embargo, una parte muy importante de quienes hoy soportan las consecuencias de los cobros indebidos son precisamente las mujeres a las que sus políticas afirmaban proteger. Mujeres que sostienen solas a sus hijos. Mujeres al frente de hogares monomarentales que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad antes de recibir estas reclamaciones».

«Entonces explíquenos cómo encaja ese discurso con la realidad de tantas mujeres que han visto cómo una ayuda destinada a combatir la pobreza terminaba convirtiéndose en una amenaza constante sobre sus economías familiares. Explíquenos cómo encaja con madres que recibieron una prestación reconocida por la propia Administración y que años después son tratadas como deudoras por cantidades imposibles de devolver».

Los afectados insisten en su misiva en cómo encaja la situación de muchas mujeres con lo que dice el Gobierno en público. «Explíquenos cómo encaja con mujeres que han utilizado ese dinero para alimentar a sus hijos, pagar alquileres, material escolar, medicamentos o suministros básicos y que hoy viven bajo la amenaza de reclamaciones económicas que jamás provocaron.
Si el error es del sistema, ¿por qué la factura la pagan las familias? Si el objetivo era proteger a los vulnerables, ¿por qué tantos vulnerables han terminado atrapados en una situación de incertidumbre permanente? Si la prioridad era la lucha contra la pobreza infantil, ¿cómo se justifica que hogares con menores soporten reclamaciones económicas que pueden comprometer aún más su estabilidad?».

Los afectados piden a Sánchez que dé marcha atrás —como ha pedido también el Defensor del Pueblo— en las reclamaciones a familias vulnerables o cuando haya sido por un error de la Administración. «Su GOBIERNO y usted como Presidente de todos los ESPAÑOLES asuma la responsabilidad que le corresponde y decrete la condonación inmediata de estas deudas porque un verdadero Escudo Social no arruina a las familias que prometió proteger. Demuestre con hechos y no con propaganda que su Ejecutivo está al servicio de la gente y no para ahogarla económicamente», finalizan la misiva.