Ábalos aboga por resolver las «necesidades urgentes» en vivienda, pero que «sean viables»

«No renunciamos en absoluto en lo que queda legislatura a poner en marcha medidas que palien y den solución a los problemas urgentes de los ciudadanos en vivienda», ha asegurado Ábalos, en un contexto en el que el Gobierno negocia con Unidos Podemos un nuevo decreto sobre el alquiler que podría ver la luz en el Consejo de Ministros de este viernes.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación urgente de ERC sobre la garantía del derecho a la vivienda en España, en la que ha afirmado que el Ejecutivo y el PSOE tienen claro el «mandato imperativo» de la Constitución en materia de vivienda, y como «profundamente socialdemócrata» se ha decantado por las «conquistas inmediatas que mejoran la vida», frente a «pretenderlo todo y no abarcar nada».

A este respecto, ha aseverado que pese a haber «perdido» el debate del primer decreto del alquiler, está dispuesto a someterse a otro debate porque, ha asegurado, le acompaña el optimismo.

«El tema es ser capaces de, con los mimbres que tenemos, ver qué podemos sacar», le ha indicado al diputado de ERC, al que le ha indicado que es «probable» que se hubiesen incorporado algunas de las peticiones de su grupo, pero en cambio «otros apoyos se hubiesen ido». Por ello, ha abogado por conseguir sacar «aquello que satisfaga algunas necesidades urgentes, pero que sea viable».

El ministro ha recordado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como él mismo han ofrecido en «numerosas ocasiones» un Pacto de Estado por la función social de la vivienda en donde se incluyesen medidas.

Ha defendido que el primer decreto buscaba dotar de equilibrio a arrendadores y arrendatarios, generar las condiciones necesarias apara aumentar el parque de alquiler, se mejoraba el marco regulatorio y se modificaba la Ley de Enjuiciamiento Civil para impulsar el papel de los servicios sociales.

Frustración con los desahucios

Preguntado por el diputado de ERC sobre los desahucios de la semana pasada en Madrid, Ábalos ha reconocido sentir «algo más» que vergüenza, y ha dicho que le acompaña un «sentido de frustración como representante público incapaz de llevar adelante medidas que impidieran eso».

Según ha asegurado, en «gran medida» el decreto de alquiler que no obtuvo el respaldo del Congreso buscaba evitar este tipo de situaciones, si bien ha asegurado tener «ánimo constructivo y positivo» para arreglar el problema de la vivienda y buscar un mayor acuerdo para que esas situaciones «no vuelvan a repetirse».

De igual forma, ha recordado que el Tribunal Constitucional ha «reprochado» al Estado que recurra leyes de vivienda aprobadas por las CCAA sin que el Estado haya fijado los parámetros básicos que deberían delimitar el límite constitucional de la vivienda.

Por ello, considera que «nunca antes» ha sido «tan oportuno» afrontar una ley estatal en materia de vivienda que garantice los principios y competencias constitucionales. Así, ha apuntado que el borrador de la ley tenía por objetivo regular para toda España las condiciones básicas para establecer una regulación homogénea de los aspectos más esenciales de la política de vivienda social.

Continuarán las medidas

Ábalos ha defendido que la vivienda ha sido y es una «prioridad» para el Gobierno, que ha ocupado un «papel destacado», y ha dicho esperar poder dar continuidad a las medidas de vivienda social en la próxima legislatura.

En cualquier caso, ha repasado algunas de las medidas implementadas en los ocho meses de legislatura, como la creación de un grupo de trabajo interministerial para el desarrollo de medidas urgentes y la coordinación con otras administraciones en la materia, o la suscripción de convenios de colaboración para la ejecución del Plan de Vivienda 2018-2021 con CCAA, Ceuta y Melilla.

En detalle, el Ministerio de Fomento ha ordenado el pago de más de 328 millones de euros a las comunidades autónomas para atender las subvenciones del Plan Estatal de vivienda, a o que se suma el plan de 20.000 viviendas de alquiler sociable, con la transferencia de 21 millones de euros a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y se promovió la construcción de más de 5.000 viviendas en suelo de titularidad de la entidad.

Este año, ha apuntado, se ha iniciado la tramitación de la modificación presupuestaria para dotar a Sepes con 24,5 millones, de forma que a las 5.000 viviendas sociales se sumarán más de 1.500 en las que Fomento se ha comprometido a participar en la financiación para alquiler social.

Para ello, Fomento ha firmado acuerdos con ocho regiones: Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia.

También se ha elaborado la Agenda Urbana, elaborada a consideración al Consejo de Ministros el pasado viernes, para un desarrollo urbano «justo y sostenible», y en septiembre se publicó el boletín del alquiler del observatorio de vivienda y suelo, al tiempo que ha mejorado la financiación del ICO para el acceso al crédito de promoción de vivienda de alquiler, y la rehabilitación.

ERC tiende la mano a negociar

De su lado, el diputado de ERC, Joan Margall, ha criticado que el decreto del Gobierno presentaba «limitaciones inasumibles» y ha mostrado la «mano tendida» de su grupo para intentar aprobar otro, pero ha pedido a Ábalos atacar el problema de fondo ante un «problema gravísimo» y no solamente poner «parches» a la cuestión.

Margall ha instado a alcanzar acuerdos, pero ha propuesto la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, así como de los desahucios con fecha abierta y promover los alquileres asequibles con la regulación de precios «entre contrato y contrato», basándose en índices que tengan en cuenta el poder adquisitivo de la ciudadanía.

Igualmente, ha reclamado la movilización de viviendas vacías ante las 3,4 millones existentes y la regulación de los fondos buitres para evitar que especulen con las ‘socimis’.

«No son soluciones fáciles ni de rápida implementación, pero no podemos demorarnos más», ha espetado Margall, quien ha pedido al Gobierno que deje de «utilizar» la Constitución como «arma arrojadiza» contra aquellos que son «disidentes» y cumplan con la Carta Magna en materia de vivienda, ya que en el Gobierno «han podido y no han querido» solventas los problemas del sector.