Telecinco

La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral contra la Fábrica de la Tele por el ‘espionaje’ a famosos que nutría ‘Sálvame’

El fiscal señala a La Fábrica de la Tele como «responsable» de más de cien casos de espionaje ilegal

Los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid. (Foto: RRSS)
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El conocido oficialmente como Caso Luna que investiga la mayor trama de espionaje a famosos de la prensa rosa y que nutría de contenidos el ya desaparecido programa de Telecinco, Sálvame, ha dado un nuevo paso judicial después de que el juez haya dado la orden de abrir un juicio oral. El paparazzi Gustavo González está en el centro de esta trama, quien colaboraba con dos miembros de la Policía Nacional.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha dictado el auto de apertura de juicio oral para sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial a los principales rostros, directores y colaboradores del extinto programa de televisión Sálvame y de la revista Rumore. El magistrado Marcelino Sexmero Iglesias ratifica así los indicios de criminalidad en la conocida como Operación Deluxe, una macrocausa que investiga una red de revelación de secretos a gran escala mediante el acceso ilícito a historiales policiales y bases de datos restringidas de más de un centenar de famosos.

A la cabeza de los acusados se sitúa el policía Ángel Jesús Fernández Hita, señalado como el «topo» que presuntamente filtraba la información confidencial aprovechando su condición de funcionario. Junto a él, se enfrentan a severas peticiones de cárcel el periodista de investigación Gustavo González y el también agente Iván Caveda Valle, acusados de cooperar de forma activa en la obtención de estos datos reservados. La Fiscalía y las múltiples acusaciones particulares los consideran autores de decenas de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y pertenencia a grupo criminal.

Una cúpula directiva acorralada

El golpe del auto judicial no solo alcanza a los proveedores de la información, sino que se extiende directamente a la maquinaria logística y de dirección del universo mediático de la prensa del corazón. Entre los procesados para quienes se ha formalizado la acusación figuran los directores del programa David Valldeperas e Isaac Pulido, los redactores y realizadores Miguel Menaut y Victoria Laseca, así como la productora La Fábrica de la Tele (ahora denominada Radical Change Contents S.L.) y la editora de Rumore, Zoom Ediciones. Por el contrario, la causa ha sido definitivamente sobreseída respecto al realizador Alberto Díaz Martínez.

Las solicitudes de condena por parte del Ministerio Fiscal y los abogados de los afectados son excepcionalmente duras. Para Fernández Hita, el Ministerio Público reclama penas que superan individualmente los cuatro años de prisión por cada delito, sumadas a inhabilitaciones absolutas. En el caso de Gustavo González, se exigen penas de hasta cinco años de cárcel e inhabilitaciones especiales para ejercer la profesión de periodista, director de medios o paparazzi.

Millonarias reclamaciones civiles

El desfile de perjudicados personados en el proceso penal es un reflejo de las portadas del espectáculo nacional. Celebridades de la talla de Isabel Pantoja (quien exige una indemnización civil de 500.000 euros), José Fernando Ortega Mohedano (800.000 euros), el cantante Omar Montes (150.000 euros), además de rostros habituales como Andrés Fernández, Lorena Morlote, Maite Zaldívar o los herederos del fallecido Julián Muñoz, figuran como acusación particular exigiendo responsabilidades por daños morales masivos.

El magistrado ha impuesto severas medidas pecuniarias urgentes para asegurar las eventuales indemnizaciones. Fernández Hita deberá prestar una fianza de 426.000 euros, mientras que a Gustavo González y a la productora La Fábrica de la Tele se les exige de forma conjunta la suma de 381.000 euros. El gigante de la comunicación Mediaset España S.A., junto a sus filiales, ha sido declarado responsable civil subsidiario, por lo que deberá responder económicamente con su patrimonio en caso de insolvencia de los acusados directos.

Con la apertura del juicio oral, se inicia la cuenta atrás para que las defensas presenten sus escritos en un proceso judicial histórico que promete airear las cloacas del periodismo de entretenimiento en España.