El PP lleva al tercer ayuntamiento valenciano una condena a la trama de corrupción del PSOE de Sánchez

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 15/06/2026 14:24
  • Actualizado: 15/06/2026 14:24

Los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno y al entorno de Sánchez han provocado que el PP en el Ayuntamiento de Elche, el tercer municipio de la Comunidad Valenciana, haya decidido llevar a pleno una moción presentada por el Grupo Popular para condenar la «trama de corrupción» que «afecta directamente al presidente del Gobierno» y al Partido Socialista. Los populares reclaman en ese documento la «separación inmediata» de las responsabilidades públicas de las personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción. Piden el cumplimiento «riguroso» de la legalidad en todas las instituciones públicas y solicitan reafirmar el compromiso del municipio con «la defensa de la ética pública, la dignidad institucional y el estado de derecho». De facto, una regeneración democrática.

Elche ha sido históricamente un tradicional feudo socialista. Pero, en 2023, el popular Pablo Ruz arrebató la alcaldía al PSOE en virtud de un pacto de gobierno con Vox. La mayoría de ambos partidos garantiza que la moción saldrá adelante. Pero su objetivo es que salga aprobada por unanimidad. Y, si no lo hace, que retrate la postura del PSOE local y la de su socio en Madrid, los nacionalistas de Compromís.

La moción que ahora presentan los populares llega de la mano de su portavoz, Juan de Dios Navarro. Y plantea, también, como se ha dicho, renovar una declaración institucional, precisamente contra la corrupción, aprobada por unanimidad por todos los grupos en febrero de 2016. En aquella moción de hace 10 años, se defendía la obligación de las instituciones de promover el rechazo social a la corrupción, garantizar una gestión responsable sometida a la ley y fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de la gestión pública.

Ahora, el PP defiende que la situación actual no tiene precedentes y provoca un profundo deterioro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Esta circunstancia es la que justifica para los populares la intervención de los ayuntamientos. Creen que la que es la administración más próxima a los ciudadanos, la municipal, «no puede permanecer al margen y debe manifestar claramente su rechazo a cualquier conducta corrupta», con independencia de quién la protagonice.