Comunidad Valenciana

Diputación de Alicante paga 12,9 millones en competencias impropias relativas a Salud Mental

La Diputación de Alicante paga 12,9 millones de su presupuesto en competencias impropias relativas a la atención socio-sanitaria de las personas con problema de salud mental. Casi tanto, como la Generalitat Valenciana le reclama (13,7 millones) para el Fondo de Cooperación.

Un demoledor informe de la Diputación de Alicante, fechado a principios de septiembre, pone de manifiesto el grave perjuicio económico que para la institución provincial supone asumir competencias impropias en esta materia (Sanidad) y las diferencias que este hecho genera respecto a las diputaciones de Castellón y Valencia.

En este sentido, el informe señala que asumir competencias impropias en materia de atención a personas con problemas con salud mental obliga a la Diputación de Alicante a destinar el 4,7% (12, 9 millones de euros) de su presupuesto de 2021 a este fin, frente al 0% de la Diputación Castellón y el 0,6% de la Diputación de Valencia.

La razón este desfase hay que buscarla en los que se ha denominado «competencias impropias» o, lo que es lo mismo, servicios cuya competencia es de la Administración autonómica y que presta, financia y gestiona la Diputación de Alicante. De modo, que la Diputación de Alicante asume esos 12,9 millones de euros sin ninguna compensación o transferencia de la de la Generalitat Valenciana.

Así, lo recoge un informe de la institución provincial elaborado a inicios de septiembre, que hace constar además que, en el caso de la Diputación de Castellón, este servicio es prestado por el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló para todo el ámbito sanitario, que abarca también la salud mental con atención a pacientes de media y larga estancia y hospital de día, que es financiado íntegramente por la Generalitat Valenciana por medio de aportación presupuestaria que realiza a la Diputación de Castellón, con un importe superior a los 25,3 millones de euros.

El informe destaca también que, en el caso de la Provincia de Valencia, esta atención se encuentra segmentada entre el Hospital Padre Jofre, con tratamiento de media estancia y hospitalización domiciliaria, que financia y gestiona directamente la Generalitat, y el Hospital Psiquiátrico de Bétera, con una unidad de larga estancia y una unidad de desintoxicación., que gestiona y financia la Diputación Valencia, con un presupuesto de 3,33 millones de euros.

El informe subraya que con estas cifras, la Diputación de Alicante es la que mayor dotación presupuestaria destina ya que es la propia Diputación la que financia íntegramente el servicio, lo que no ocurre en Valencia y Castellón. Lo mismo sucede en la distribución del presupuesto por habitante, debido a que se financia íntegramente por la Diputación, y no por la Generalitat Valenciana.

En términos de reparto por población del presupuesto, dice el informe, la Diputación de Alicante parte en situación de desventaja en el reparto del presupuesto general por habitante, lo que supone -señala- un desequilibrio importante entre las tres provincias.

El informe aprecia la existencia de un desfase económico territorial en la financiación del gasto sanitario en atención de la salud mental entre las tres provincias y entiende que la Diputación de Alicante es la que menos recursos tiene de origen en función del número de habitantes y la que mayor gasto de este servicio soporta.

El informe recomienda establecer convenio con la Generalitat de similares características al de la Diputación de Castellón, de modo que sea la Administración autonómica la que asuma la inversión de esos 12,9 millones. Y ello, dice «en virtud de que la Diputación» de Alicante «ejerce esta competencia por delegación de la Generalitat».

La línea sanitaria del servicio, cuya financiación y atención asume la Diputación de Alicante incluye dos unidades de rehabilitación hospitalaria, con 28 plazas cada una, un hospital de día para adultos, con 20 plazas, un hospital de día de adultos y trastornos de la personalidad, con 30 plazas y tres unidades de rehabilitación hospitalaria, dos de 15 plazas y una de 20.

La línea asistencial, ubicada en Sant Joan d’Alacant, está compuesta de una unidad asistencial para discapacitados, con 30 plazas, Psicogeriatría con residencia asistida de la tercera edad con 20 plazas, y un centro día para enfermos mentales, con 20-25 plazas. Según el informe, estos servicios son competencia de la administración autonómica, pero se prestan, financian y gestionan íntegramente por la Diputación de Alicante.