La UE y cuatro juzgados investigan la Consejería del ex juez de Podemos Yllanes por corrupción

La Unión Europea  y cuatro juzgados de instrucción tramitan denuncias relativas al caso de corrupción que afecta al Govern que preside la socialista Francina Armengol y que se centran en la gestión de la Conselleria de Industria que preside el ex juez de Podemos, Juan Pedro Yllanes, que también es el vicepresidente del Ejecutivo. Se investigan posibles delitos de prevaricación y falsedad de documento público. También interviene en la causa la Fiscalía de Medio Ambiente y la Oficina Anticorrupción de las Islas.

El pasado 18 de julio OKDIARIO desvelaba que el Parlamento Europeo ha ordenado a la Comisión Europea iniciar una investigación preliminar al Govern balear por las presuntas irregularidades relacionadas con el caso Varadero y que se resumen en el trato de favor recibido por determinadas empresas del sector náutico por parte de la Administración autonómica.

Fue en 2017 cuando la Comisión Europea recibió una primera denuncia por parte del Grupo Fabkina sobre las irregularidades que se cometían en el varadero del Puerto de Palma, donde una serie de empresas afines al pacto de izquierdas que gobierna en Baleares trabajaban incumpliendo la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

Juzgado de Instrucción número 1

Por orden de la Audiencia de Palma, el Juzgado de Instrucción número 1 debe reabrir la investigación a la Conselleria de Industria que preside Yllanes por un presunto delito de corrupción. Este juzgado había archivado el caso desvelado por OKDIARIO alegando defectos en la presentación de la querella y por no estar acreditado que la parte denunciante se hubiera visto perjudicada por la falsificación de un documento público.

La denuncia versaba concretamente sobre la falsificación de un documento público por parte de la Conselleria de Yllanes con la finalidad de favorecer a determinadas empresas del sector náutico en perjuicio de otras.

La Audiencia de Palma desmonta todos los argumentos del Juzgado de Instrucción para archivar la causa y sostiene que la falsificación de un documento oficial «es un delito público, esto es que debe perseguirse independientemente de la voluntad de los que pudieran ser perjudicados por el delito».

Juzgado número 7

Aparte de la querella ante el Juzgado de Instrucción número 1 por prevaricación y falsedad documental, hay otra en el Juzgado de Instrucción número 7 y en este caso también por otra falsedad documental. Igualmente se investigan en este juzgado supuestos delitos de falsedad en la elaboración de unos documentos por parte del Govern de Armengol para proteger a una serie de empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en Baleares.

El número 2 y la Fiscalía

Después está el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma, donde se denunció que en el varadero se estaba incumpliendo la normativa sobre seguridad industrial al utilizarse equipos de ventilación para el pintado de buques de recreo que no cumplían la normativa.

La Fiscalía de Medio Ambiente, por su parte, está investigando los supuestos delitos contra el medio ambiente cometidos en el Puerto de Palma por las empresas del caso Varadero.

El número 10

En el Juzgado de Instrucción número 10 se presentó la denuncia contra la Conselleria de Yllanes por haber destruido de su servidor web la resolución original de septiembre de 2020, cuyo peritaje concluyó que la fecha de la firma de ese documento había sido falsificada con el objetivo de paralizar una instrucción judicial que investigaba el supuesto trato de favor del gobierno autonómico, en procedimientos sancionadores, a determinadas empresas del sector náutico del puerto de Palma.

Fue una burda maniobra ejecutada a la desesperada por el Ejecutivo de Armengol tras estallar el escándalo del caso Varadero y llegar éste al Parlament balear, donde PP y Vox pusieron contra las cuerdas al Gobierno autonómico por la falsificación documental cometida desde la Conselleria de Yllanes, para favorecer empresas del sector náutico que no cumplían las normativas sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente y que han sido subvencionadas.

El documento original, que ya había sido peritado, que contaba con el pertinente código seguro de verificación, y cuyas conclusiones están ya en sede judicial, ha sido destruido por el Govern.

Cronología

Los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando se presentó ante la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria que dirigía entonces el socialista Iago Negueruela, hoy conseller de Turismo, una denuncia formulada por el Grupo Fabkina SL contra diversas empresas que trabajan en el Puerto de Palma, concretamente en las carpas del recinto de Servicios Técnicos Portuarios del Moll Vell.

En la denuncia se especificaba que hay instalaciones de calefacción que se alimentan mediante unos depósitos de productos petrolíferos líquidos de hasta mil litros de capacidad que no están homologados por no disponer de doble capa ni de cubierta de retención. Hay incluso diversos depósitos conectados a una misma instalación que no están registrados.

El 21 de diciembre de 2018 la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria inicia el procedimiento para que todas estas instalaciones se adapten a la normativa de seguridad industrial. En junio de 2019 se inicia el expediente sancionador por incumplir la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.  El Grupo Fabkina detectó que las sanciones no se habían tramitado. La Conselleria presidida por Iago Negueruela paralizó los expedientes.

El Grupo Fabkina, viendo que estas empresas no habían sido sancionadas presentó la querella contra el director general de Política Industria. La querella se admite a trámite y el 9 de septiembre el juzgado solicita a la Conselleria con las competencias de Industria, ahora ya en manos del juez Juan Pedro Yllanes, de Podemos, todo el expediente sancionador.

El 10 septiembre, una día después de la decisión del juzgado antes mencionada, el Grupo Fabkina recibe una resolución firmada de forma manuscrita por el director general de Política Industrial, Antonio Morro, mano derecha de Yllanes, por la que se dejaba sin efecto la resolución del 1 de julio de 2019 que firmó Porras Romero sobre la apertura de los expedientes sancionadores.

La realidad es que el documento firmado el 29 de julio por el que se dejan sin efecto los expedientes sancionadores se creó y firmó realmente el 10 de septiembre y así lo atestigua el informe realizado por los peritos judiciales informáticos que está en poder de OKDIARIO.