Sánchez amenaza con quitarle 44 millones a Baleares para políticas de vivienda si no aplica la ley estatal

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 02/10/2024 06:55
  • Actualizado: 02/10/2024 06:55

El Gobierno de Pedro Sánchez amenaza con quitarle 44,2 millones a Baleares para políticas autonómicas de vivienda, si el Govern de Marga Prohens no aplica la ley estatal, tal y como viene exigiendo la ministra socialista de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Si la semana pasada el Ejecutivo socialista lanzaba una amenaza en toda regla a las comunidades autónomas reacias a aplicar la Ley de Vivienda en aquello que no están obligadas (como declarar zonas tensionadas para limitar el precio del alquiler) y les advertía de que no recibirán financiación estatal para sus políticas de vivienda, en estos momentos, y ante un Gobierno central en ataque permanente a las administraciones  gobernadas por el PP, las sospechas en el Govern de que Sánchez pasará de las palabras a los hechos, es más que real.

La financiación estatal que recibe el Govern balear en vivienda a través de diversos planes y programas, son 44,2 millones, dado que el Estado financia entre el 70% y el 75% de las políticas autonómicas de vivienda.

En concreto, en el caso de las Islas, el plan estatal de vivienda (2022-2026) tiene comprometidos un total de 34,6 millones. Contempla diversos programas, como las ayudas al alquiler o actuaciones en el parque público de vivienda.

Para la convocatoria anual de las ayudas de alquiler, el Ministerio de Isabel Rodríguez aporta 6,5 millones al año. Ahora se empieza a negociar el nuevo Plan estatal de vivienda para el periodo 2027-2030.

A ello hay que unir el bono Alquiler Joven 2022-23 que cuenta con una aportación de fondos estatales de 9,6 millones.

Este programa era para los dos últimos años y concluye el próximo mes de diciembre, si bien el Govern ha reclamado que se mantenga para 2024 y 2025. El Ministerio anunció que lo aprobaría para este año, cosa que no ha realizado a fecha de hoy cuando ya ha arrancado el mes de octubre y el último trimestre del ejercicio, si bien fuentes autonómicas, indican que «esperamos que cumpla».

Hasta ahora esta ayuda ha sido financiada al 100% por el Ministerio, si bien, fue dotada cuando gobernaba Baleares el anterior Govern presidido por la socialista, Francina Armengol.

Esta convocatoria del bono Alquiler Joven de 2022 y 2023 permitió a sus perceptores, un total de 1.400 jóvenes menores de 35 años, recibir ayudas de 250 euros mensuales siempre que presentaran los recibos de cada cuatrimestre.

No obstante el margen de mejoras en su dotación presupuestaria es amplio si tenemos en cuenta que en 2022, el anterior Govern dejó fuera a uno de cada tres jóvenes que lo solicitaron por falta de presupuesto.

Del total de 2.555 jóvenes que tramitaron la solicitud para acogerse a estas subvenciones sólo se atendieron tras el proceso de valoración, un total de 1.600, por lo que 955 quedaron sin respuesta y no pudieron acceder a su cobro. Ahora Sánchez amenaza con dejar a todos estos jóvenes de Baleares sin un euro de ayuda.

Aparte de los fondos estatales, el Govern balear recibe fondos europeos Next Generation de la UE que distribuye el Ministerio de Vivienda, si bien no es financiación estatal. En concreto, se trata del programa de fondos europeos para la rehabilitación de viviendas y edificios, con un presupuesto total de 73 millones. En este caso, el bloqueo de estas aportaciones no parece que esté en juego.

No es el caso de los 44,2 millones que dependen de la voluntad política y del compromiso con Baleares del tándem socialista Sánchez- Armengol, y más si la condición para percibirlos es cumplir con una Ley de Vivienda estatal sobre la que ya indicó el conseller, José Luís Mateo, que «no aplicaremos  aquello que ya sabemos que fracasa».

El conseller de Vivienda siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Gobierno, pero ya advirtió en un comunicado que no tolerará que el Gobierno no respete el margen de autonomía de las comunidades autónomas para aplicar o no las medidas que incluye la ley, ya que «la limitación a los alquileres no es una obligación, sino una posibilidad que tiene Baleares» al igual que otras comunidades gobernadas por los socialistas, como Asturias y Castilla-La Mancha, que tampoco la aplican.