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El PP denuncia la persecusión del edil Dalmau a los trabajadores de los aparcamientos municipales

Desde 2015 se contabilizan tres despidos declarados improcedentes por los tribunales

Los 'populares' denuncian el despilfarro de dinero público que supone en indemnizaciones: 150.000 euros

Exigen la inmediata readmisión del último de ellos, despedido irregularmente hace dos años

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El PP de Palma acusa al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, liderado por el socialista José Hila, de emprender una persecución sistemática en la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) contra determinados trabajadores no afines a la dirección de la compañía. 

Todo ello desde que accedió a la Alcaldía en 2015 el tripartito gobernante de socialistas, nacionalistas de Més y Unidas Podemos (UP). En concreto, los populares denuncian el despido improcedente de tres empleados «sin que haya existido en ningún caso una razón objetiva o disciplinaria para ello» , afirma la concejala de esta formación, Lydia Pérez. 

Unos despidos que habrían tenido un coste para las arcas públicas que rondaría los 150.000 euros públicos después de que los afectados hayan recurrido a los tribunales y ganado sus demandas. 

La última se dio a conocer esta mañana y los populares exigieron la «inmediata readmisión» del trabajador por la SMAP tras haber sido declarado improcedente por la justicia un despido materializado en julio de 2019, con la presidencia de la compañía ya ocupada por el concejal socialista Francesc Dalmau. Un edil del que Pérez subraya que «también preside la EMT donde ha cultivado crispación y polémica desde el inicio de la presente legislatura». 

En concreto, el concejal echó al empleado 24 horas después de que al gerente de la sociedad, el también socialista Pedro Manera, le fueran otorgados plenos poderes para despedir personal. Y lo hizo «sin mediar un expediente disciplinario que permitiese al afectado ejercer la defensa de sus intereses», relató Pérez,  que criticó, en este sentido, el «despilfarro de dinero público» en indemnizaciones que ya suma la compañía al frente de la dirección socialista. 

Tras la declaración de improcedencia, el Ayuntamiento de Palma se ve en la obligación, vía sentencia judicial, de asumir el coste de la improcedencia del mismo, indemnizando al empleado con 58.000 euros. También cabría la posibilidad de proceder a su readmisión, abonando una cantidad inferior en concepto de salarios de tramitación. En este sentido, desde las filas del principal partido de la oposición se exigió su inmediata incorporación a la empresa municipal.

Ya durante la pasada legislatura el antecesor de Dalmau en la SMAP, el hoy diputado socialista en el Parlament Joan Ferrer, se vio obligado a readmitir a seis empleados de la compañía municipal de aparcamientos a los que despidió por un supuesto descuadre en la recaudación de los parkings de Antoni Maura y Vía Roma. El juez sentenció en contra de la SMAP al no poder aportar pruebas suficientes que demostraran la procedencia de estos despidos.