Multa de 177.000 euros en Ibiza a la propietaria de una vivienda turística ilegal
Realizó un cambio de uso de residencial a turístico sin tener autorización
Comercializó la casa a través de una plataforma digital de alquiler vacacional
Multa de 177.000 euros en Ibiza a la propietaria de una vivienda turística ilegal en la localidad de Santa Eulària en la zona de es Canar por haber realizado un cambio de uso de residencial a turístico sin título habilitante durante el verano de 2025.
Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el expediente se inició a raíz de un acta de control de alquiler vacacional levantada por la Policía Local el 13 de junio de 2025, en la que se constató la comercialización de la vivienda como estancia turística a través de una plataforma digital de alquiler vacacional.
Durante la inspección se verificó la existencia de una reserva de cuatro noches, del 9 al 13 de junio de 2025, así como la prestación de servicios propios de actividad turística.
La vivienda inspeccionada se ubica en un edificio plurifamiliar situado en suelo urbano, cuya calificación urbanística es de uso residencial.
De acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en los edificios plurifamiliares queda expresamente prohibido el alquiler vacacional, por lo que el cambio de uso es ilegal.
La sanción que se propone está prevista en la Ley de Urbanismo de Baleares que establece un porcentaje del 75% sobre el valor de la edificación. En este caso, el valor de referencia del inmueble asciende a 236.701 euros.
Hay que tener en cuenta que la lucha contra la oferta alojativa ilegal se ha convertido en una prioridad estratégica para la isla, no solo desde el punto de vista normativo, sino también como herramienta clave para combatir la masificación, garantizar la convivencia y proteger la sostenibilidad del destino.
La proliferación de viviendas turísticas fuera de la legalidad supone una amenaza directa para la calidad del destino. Distorsiona el mercado, genera competencia desleal frente a la oferta reglada, incrementa la presión sobre infraestructuras y servicios públicos y dificulta el acceso a la vivienda para los residentes
Para hacer frente a este reto, el Consell de Ibiza ha puesto en marcha el plan de choque contra el intrusismo, una iniciativa integral dotada con más de 22 millones de euros para el periodo 2025–2027. Estos fondos proceden del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS), que abonan los propios visitantes y cuya asignación fue aprobada por la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible de las Islas Baleares.
Uno de los pilares del plan es el nuevo Plan de Inspección Turística 2025, que incorpora un programa específico para la detección de alojamientos comercializados de forma ilegal. Las actuaciones priorizan los casos reincidentes, las unidades ubicadas en edificios plurifamiliares y aquellas que generan quejas vecinales reiteradas.
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