Detenido un funcionario de un Ayuntamiento de Mallorca por empadronar a más de 400 marroquíes

• Julio Bastida @juliobastidag
• Delegado en Baleares de OKDIARIO
• • 11/09/2025 12:05
  • Actualizado: 11/09/2025 12:10

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han detenido a un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia (Mallorca) acusado de empadronar a más de 400 migrantes ilegales en viviendas del municipio. La investigación policial se inició hace unas semanas cuando el propio Ayuntamiento detectó un importante aumento de nuevos residentes en el padrón municipal. De forma inmediata, la alcaldesa de Alcúdia, la popular Fina Linares, ordenó que se iniciara una exhaustiva investigación con la finalidad de esclarecer los hechos.

Una vez se tenía la constancia de que el citado funcionario -español de unos 45 años- estaba empadronando a marroquíes de forma indiscriminada en el padrón municipal, se decidió poner los hechos en comunicación con la Guardia Civil para que iniciara una investigación judicial. De hecho, fue el propio Consistorio gobernado por PP-VOX  quienes aplicando la tolerancia cero e interpusieron una denuncia en dependencias de la Benemérita.

A partir de ese momento, los investigadores especializados de la Policía Judicial del instituto armado se pusieron manos a la obra. A primera hora de este pasado miércoles, la Guardia Civil se presentó en el Ayuntamiento de Alcúdia donde se llevaron detenido al funcionario y recabaron la información necesaria sobre los hechos denunciados.

Según información próxima al caso a la que ha tenido acceso OKBALEARES todo apunta a que el detenido, que trabajaba en el departamento de contratación, estaría cobrando unos 1.000 euros a cada inmigrante para regularizar su situación y poder empadronarse con la finalidad de acogerse a la múltiples ventajas y ayudas institucionales.

Esta práctica delictiva no es un hecho aislado. En 2023, la Policía Nacional ya detectó a 85 personas extranjeras en situación irregular empadronadas en tres viviendas de la ciudad de Inca. La operación, en aquella ocasión fue llevaba a cabo por agentes de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), se saldó con la detención de tres personas: dos hombres y una mujer, de nacionalidad colombiana y española, acusados de favorecer la inmigración irregular y falsedad documental.

La investigación se inició tras detectarse un elevado número de empadronamientos sospechosos en tres domicilios del municipio. Las primeras indagaciones revelaron que 67 de los 85 extranjeros empadronados se encontraban en situación irregular en España, la mayoría de ellos de origen marroquí.

Además, se comprobó que muchos de los empadronados nunca residieron en los inmuebles, e incluso no hay constancia de que hayan estado en territorio español. La picaresca de algunos vecinos con la complicidad de algunos funcionarios se convierte en el cóctel perfecto para los delincuentes.