El Congreso rechaza el decreto de Sánchez para prorrogar el transporte público gratis en Baleares
"No vamos a respaldar un proyecto de recortes y de chantaje", afirma el PP
La subida del 2,8% de las pensiones se queda sin efecto, a la espera de que el Gobierno decida
El PP, Vox y Junts han sumado sus votos este miércoles en el Pleno del Congreso para tumbar el decreto ley ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público y la prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerable.
El resto del hemiciclo ha votado a favor del decreto, mientras que UPN se ha abstenido. El exministro socialista integrado ahora en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, no ha acudido a las votaciones.
Con esa votación, 177 en contra por 171 a favor, el decreto ley que aprobó en diciembre el Gobierno y que ya estaba en vigor ha quedado derogado, y con él todas sus medidas.
Este resultado provoca que quede sin efecto la subida del 2,8% para las pensiones contributivas y de las clases pasivas del Estado en 2025, a la espera de que el Gobierno decida qué hacer. Tampoco subirán un 6% las pensiones mínimas y las no contributivas ni un 9% el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El decreto también incluía la prórroga de las ayudas al transporte público hasta junio de 2025, así como la prohibición del corte de suministros básicos y de desahucios a personas vulnerables y otras ayudas para las personas afectadas por el temporal de la DANA.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido desde la tribuna del Congreso la «extraordinaria y urgente» necesidad de las medidas incluidas en el decreto.
«Si votan ustedes que no a este real decreto ley están bajando las pensiones, están suprimiendo las ayudas al transporte público y no están ayudando a los afectados por la DANA en Valencia», ha sentenciado Bolaños en su turno.
El chantaje del decreto ley de Sánchez
El PP ha justificado su voto en contra por incluir la norma una disposición que cede al PNV un palacete en París que alberga la sede del Instituto Cervantes en Francia.
Durante el debate en el Pleno del Congreso del decreto ómnibus, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha anticipado que el Grupo Popular no iba a respaldarlo, pero sin desvelar si el voto sería «no» o abstención. «No vamos a respaldar un proyecto de recortes y de chantaje», ha enfatizado.
De hecho, Bravo ha emplazado al Gobierno a buscar apoyos entre sus socios parlamentarios. «Si tienen una mayoría progresista, sométase a la cuestión de confianza, si tienen el apoyo de la Cámara, presenten Presupuestos, pero si no pueden gobernar, convoquen elecciones y devuelvan el poder a los ciudadanos», ha declarado.
Momentos después de esas declaraciones, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha dicho en el debate de otro decreto que su formación iba a votar en contra de todos los textos que el Congreso debatía este miércoles. Tras esta sentencia, el PP ha confirmado su voto en contra del decreto ómnibus.
Aunque muchas formaciones han avanzado su apoyo a la convalidación del decreto, también han dejado críticas al Gobierno por el uso «excesivo» de esta figura y por incluir en un mismo texto medidas de diferente índole.
En el turno del Grupo Mixto, Cristina Valido de Coalición Canaria ha señalado que esos dos hechos dificultan fijar posición al resto del hemiciclo y someten a la sociedad a la «angustia» de no saber si las medidas van a salir adelante o no. En lo que respecta al BNG, Néstor Rego ha reprochado al Ejecutivo utilizar el decreto «con excesiva frecuencia».
Por parte de EH Bildu, Mertxe Aizpurua ha subrayado que la ciudadanía «no debe pagar por los cálculos partidistas de unos y otros». «Si no suben las pensiones, si caen los descuentos en el transporte público, si no se prohíben los cortes de suministros básicos y los desahucios de familias vulnerables, quien pierda será la ciudadanía», ha dicho desde tribuna.
En el turno de Esquerra Republicana (ERC), Inés Granollers ha afeado al Gobierno «poner de todo» en un mismo decreto, lo que obliga a los grupos parlamentarios a tener un debate «muy importante» sobre el sentido de su voto en un paquete de medidas que aceptan a temas «muy relevantes» de los ciudadanos en su día a día.
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