El calvario de un policía tras un pinchazo con una jeringuilla en Palma: meses de miedo al VIH y condena de 15.000 euros para la responsable
El funcionario tuvo que iniciar un tratamiento y someterse durante meses a un exhaustivo seguimiento médico
La Justicia reconoce el daño moral y las lesiones sufridas por un agente de la Policía Nacional, que vivió durante meses con la incertidumbre de un posible contagio tras una intervención policial en Palma.
Una mujer ha sido condenada a indemnizar con 15.000 euros a un agente de la Policía Nacional por las graves consecuencias derivadas de un incidente ocurrido durante una intervención policial en la capital balear. La resolución judicial reconoce tanto las lesiones sufridas por el funcionario como el importante daño moral que padeció después de sufrir un pinchazo accidental con una jeringuilla que portaba la ahora condenada.
Los hechos obligaron al policía a afrontar una de las situaciones de mayor tensión a las que puede enfrentarse un agente en el ejercicio de sus funciones. Tras el pinchazo, se confirmó que la mujer era portadora del VIH, lo que activó de forma inmediata el protocolo sanitario previsto para este tipo de exposiciones de alto riesgo.
A partir de ese momento, el funcionario tuvo que iniciar un tratamiento antirretroviral de profilaxis postexposición y someterse durante meses a un exhaustivo seguimiento médico. Analíticas periódicas, controles sanitarios especializados y revisiones constantes marcaron un largo periodo en el que la principal preocupación era descartar un posible contagio por VIH.
Aunque finalmente las pruebas confirmaron que el agente no había contraído el virus, el proceso estuvo marcado por la incertidumbre y el fuerte impacto psicológico que supone convivir durante meses con la posibilidad real de haber adquirido una enfermedad de enorme trascendencia para la salud y con importantes repercusiones tanto en la vida personal como en la profesional.
La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Palma, considera acreditado el perjuicio sufrido por el policía y condena a la responsable al pago de 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La cantidad incluye tanto la indemnización por las lesiones sufridas como la compensación por el daño moral ocasionado como consecuencia de los hechos.
El procedimiento contó con la intervención del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ejerció la acusación particular en defensa del agente a través del letrado Eduardo Luna. La organización sindical destaca que la resolución judicial reconoce íntegramente los derechos del funcionario afectado.
Desde el SUP subrayan que esta sentencia pone de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan diariamente los policías nacionales durante muchas de sus intervenciones. Los agentes, recuerdan, desarrollan su trabajo en escenarios donde pueden quedar expuestos no solo a agresiones físicas, sino también a enfermedades infectocontagiosas y a situaciones que generan un importante desgaste psicológico.
El sindicato insiste en que continuará prestando asistencia jurídica y defendiendo a los policías nacionales que resulten víctimas de agresiones durante el desempeño de sus funciones, con el objetivo de que todas las responsabilidades sean depuradas y las víctimas reciban la reparación que legalmente les corresponda.
La resolución judicial reconoce así el sufrimiento soportado por el agente durante los meses posteriores al incidente y fija una indemnización de 15.000 euros por las consecuencias físicas y, especialmente, por el daño moral derivado de una situación que mantuvo en vilo al funcionario hasta que las pruebas médicas descartaron definitivamente el contagio.
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