Andalucía
Martina Velarde

La líder de Podemos Andalucía, sin representación en el Parlamento, a Moreno: «Se os acabó el chollo»

Moreno estalla ante el «disparate» de la reforma: «Puigdemont volverá con una sonrisa de oreja a oreja»

Moreno ve «desleal» mercadear con el delito de sedición: «Sólo beneficia a los que buscan romper España»

Sánchez despeja el regreso de Junqueras a la política: baja de 15 a 5 años de cárcel los delitos del 1-O

La líder de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha salido a defender al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido atacado, entre muchos otros, por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras «mercadear» con el delito de sedición. Velarde, responsable de un Podemos Andalucía que no está en el Parlamento de Andalucía porque entregó tarde la documentación para poder presentarse a las elecciones del 19J, ha dicho además a Moreno, con mayoría absoluta, que «se os ha acabado el chollo».

Tras denunciar Moreno que «el mercadeo con el delito de sedición sólo beneficia a Sánchez y a los que intentan romper España», Velarde ha señalado, a través de sus redes sociales: «Lo que rompe España es que por bajarle los impuestos a los ricos, hayáis destrozado la sanidad pública. Lo que rompe España es que no gobernéis y pidáis al Gobierno que haga vuestro trabajo. Lo que rompe España son vuestras ganas de confrontar. Se os ha acabado el chollo».

Juanma Moreno estalla

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha estallado este viernes ante el «disparate colosal» que supone la eliminación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del delito de sedición del Código Penal (CP). A ojos del también presidente del PP de Andalucía (PP-A), esto supone un «gran peaje» que tiene que pagar el Ejecutivo socialcomunista «al independentismo más radical» con el único objetivo de «aguantar un año más en el Gobierno».

La proposición de ley presentada este viernes por PSOE y Unidas Podemos incluye la sustitución del delito de sedición por uno de «desórdenes públicos agravados» que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión -frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente- e inhabilitación de 6 a 8 años, frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual.