Andalucía
Caso ERE

La Fiscalía concluye que todo el sistema ideado por el PSOE en los ERE de Andalucía era prevaricador

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha concluido que el sistema ideado por el PSOE de Andalucía para desviar durante casi una década 679 millones de euros de fondos públicos reservados a ayudas sociolaborales fue prevaricador. En esos duros términos se ha pronunciado el representante del Ministerio Público durante la vista de los recursos interpuestos contra la sentencia por el caso ERE de la Audiencia Provincial de Sevilla que, en noviembre de 2019, condenó a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los ex presidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

«A la luz de los hechos probados todo este sistema era prevaricador, porque eran continuas las resoluciones prevaricadoras» ha aseverado el fiscal que, en su intervención, ha explicado que los socialistas andaluces modificaron el procedimiento de concesión de las ayudas «para evitar cualquier tipo de control».

A este respecto, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha advertido que «todo el proceder aparece concatenado», de modo que la participación de los acusados en el saqueo de las arcas públicas fue necesaria «para que el dinero llegara a su destinatario». Sólo de este modo, ha explicado, «es posible dar vida a este sistema desde su inicio hasta el final».

Así, el fiscal ha enumerado todos los trámites irregulares que los ex altos cargos de la Junta de Andalucía pusieron en marcha en el caso ERE. Desde la aprobación del anteproyecto y proyecto de presupuestos, la aprobación de modificaciones presupuestarias, el convenio marco de 2001 y los convenios particulares hasta otras resoluciones como las autorizaciones y las órdenes de pago. «Se parte de una ilicitud que se mantiene hasta el final», ha aseverado el fiscal, que ha concluido que todo el sistema era prevaricador. 

Un delito por el que fueron condenados los ex altos dirigentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y Antonio Griñán y que, a juicio de la Fiscalía «constituye la respuesta penal ante los abusos de poder que representa la propia negación del Estado de Derecho». De hecho, y citando jurisprudencia, el representante del Ministerio Público ha asegurado que «nada más lesiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes públicos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos mismos deberían ser los primeros custodios».

Fraude

La Fiscalía del Tribunal considera a los ex altos del PSOE responsables del que es uno de los mayores fraudes que se han producido en España, quienes «desde sus puestos decisivos conocieron y ejecutaron la salida de los fondos públicos». «Todos ellos eran absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo», ha subrayado, para después reprochar a los acusados que «eludan su responsabilidad». «¿Alguien cree que esto es posible? ¿Qué mensaje trasladamos al ciudadano?». Por ello, ha pedido que se confirme la sentencia que en noviembre de 2019 dictó la Audiencia Provincial de Sevilla.

Una petición que ha hecho suya la acusación que ejerce el Partido Popular, para la que «solamente con el concurso de todos» se ha podido llevar a cabo el saqueo de 679 millones de euros del caso ERE.

Elecciones

Ahora la decisión está en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tras la vista tendrá que dictaminar si, como pide la Fiscalía, confirma las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla a los 19 ex altos cargos del PSOE por su implicación en el caso ERE o si, como solicitan las defensas, absuelve a los condenados.

El fallo, no obstante, no se hará público hasta que finalice la campaña electoral de las elecciones andaluzas que se celebran el próximo 19 de junio. Hasta entonces, los presuntos responsables de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España seguirán sin ser condenados en firme.