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La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organismo responsable de la organización del Festival de la Canción de Eurovisión, ha activado un plan de contingencia sin precedentes tras la firme postura de RTVE de no participar en la próxima edición del certamen. Esta decisión, motivada por la creciente tensión política en torno al festival y el descontento de la cadena pública española con la gestión de ciertas controversias (principalmente la participación de Israel y las alegaciones de injerencia en el sistema de votación), ha obligado a la UER a buscar soluciones inmediatas para suplir el gran vacío dejado por uno de los miembros fundadores del Big Five.
Aunque la participación en Eurovisión corresponde a las televisiones públicas, la decisión de RTVE se produce en un clima de profunda presión gubernamental y social en España, confirmando lo que diversas fuentes de la corporación habían señalado como «presiones políticas» que ponían en duda la neutralidad del evento.
El veto y la estrategia de sustitución
Ante la posibilidad de una retirada en bloque de varios países con gran peso en el festival (como España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia), la UER ya había estado trabajando discretamente para asegurar tanto la estructura económica como la visibilidad del evento. La pérdida de un país del Big Five es crítica, ya que estos miembros aportan una parte sustancial de la financiación y obtienen un pase directo a la final. Además, representan una gran parte de la audiencia que consume el producto.
La artimaña de la UER para compensar esta baja y mantener el número de participantes es doble: por un lado, negociar cambios en el reglamento para intentar disuadir a otros países críticos; por otro, introducir participantes de fuera del continente europeo bajo el paraguas de las membresías asociadas.
Canadá, el reemplazo insólito
Según se ha desvelado, el organismo europeo tiene un candidato principal para ocupar el puesto liberado por España: Canadá.
El mecanismo para permitir la entrada canadiense ya tiene un precedente exitoso: la participación de Australia. La cadena pública canadiense, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), forma parte de la UER como miembro asociado. Esta condición, que requiere el beneplácito expreso de los organizadores y los países participantes, sería utilizada para asegurar la viabilidad del espectáculo, inyectando un nuevo gran mercado y audiencia en el festival.
Retornos confirmados
Por otro lado, la UER ha anunciado también los retornos de Rumanía (última participación en 2023), Bulgaria (2022) y Moldavia (2024). Los tres habían abandonado, principalmente, por cuestiones económicas y por falta de interés de los artistas locales por el formato. Sin embargo, y casi por arte de magia, estos problemas han desaparecido y los tres países estarán presentes de nuevo en el certamen.
Estos países, si bien no paliarán la baja de dos potencias económicas y de audiencia eurovisivas como España y Países Bajos (en la final de 2025, ambos representaron aproximadamente un 12% de la audiencia, además, son dos de los países que más dinero aportan al concurso), sí que servirán para alcanzar la cifra suficiente como para que las cinco retiradas que se han producido no impidan que el espectáculo pueda continuar. Con estos regresos, el concurso mantendrá una cifra de participantes que seguirá rondando los 37 (suficiente como para continuar con el formato actual de dos semifinales y una posterior final).
De esta forma, la UER pretende lograr amortiguar el impacto financiero y de audiencia que supone la salida de España, transformando una crisis política en una oportunidad para expandir la naturaleza global del concurso, aunque sea a costa de poner en entredicho el carácter fundamentalmente europeo del Festival de Eurovisión. Con estas medidas, el debate está servido: ¿es el festival un concurso cultural europeo o un show global regido por intereses de retransmisión? La respuesta, con Canadá entre la lista de posibles concursantes, parece inclinarse por lo segundo.
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