Los jueces hacen justicia y los políticos politiquean

Al final del verano de 2023 a muchos de los abajo firmantes de apoyo al sanchismo se les oyó decir que Pedro Sánchez nunca cedería al chantaje de Junts y que nunca amnistiaría a Puigdemont y demás golpistas catalanes. ¡Vaya visionarios! ¡Eso y muchísimo más!

Y es que el equilibrismo argumentativo que el sanchismo ha obligado a hacer a sus adeptos ha marcado indeleblemente la trayectoria de muchos políticos, periodistas y opinadores, que para siempre serán víctimas de una hemeroteca que cuestionará su profesionalidad y desacreditará su independencia. Esa devota incondicionalidad ha llegado en estos días al punto del paroxismo para justificar la joyosa doble vida que se le ha descubierto a Rodríguez Zapatero y para amparar la insólita carrera profesional de la rea Begoña Gómez; e incluso desde ayer para lamentar las severas condenas de Ábalos y Koldo y la suave de Aldama. Ahí queda ese drama para la sincronizada, y con su pan se lo coman.

Por su parte, los políticos socialistas la incongruencia la llevan en el sueldo y a la vez que insisten en que hay que dejar trabajar a los jueces les achacan una parcialidad prevaricadora y, más o menos veladamente, les acusan de formar parte de una persecución política o de un contubernio internacional. Durante la semana pasada han estado insoportables con la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional, y en esta van a darlo todo en defensa de la presidenta consorte, a la que un juez de la Audiencia Provincial, que ya no será Peinado, va a tener que dar permiso para seguir luciéndose por ahí fuera con ínfulas de primera dama.

El problema que tienen, tanto en éste como en el resto de los procesos, es que siguen engañándose a sí mismos (e intentando engañarnos a los demás) con la murga de que se trata de juicios políticos y que todos los encausados son víctimas propiciatorias de la persecución contra Sánchez. Y claro, a partir de ese disparatado diagnóstico montan una estrategia completamente inefectiva, que quizá les sirva en la disputa política y mediática pero que, como se ha comprobado en la sentencia del caso Mascarillas, es una garantía de fracaso en la defensa judicial.

Más les valdría a todos ellos, especialmente a los que están directa o indirectamente encausados, asumir que esto ya no va de políticos, sino de investigadores y de jueces. Pedro Sánchez y su Gobierno pueden convocar o no elecciones, pueden presentar o no los dichosos presupuestos, pueden seguir apareciéndose como pretendidos adalides de la nueva Pax Romana, pueden, en definitiva, seguir politiqueando; pero no van a resolver con su argumentario y sus argucias de políticos unos asuntos que ahora están en los tribunales y que se van a resolver aplicando las normas de enjuiciamiento y las leyes vigentes.

Por eso no es nada recomendable que sigan alegando en sus recursos el carácter político de los procesos, como hizo Ábalos o como hace el abogado de Begoña, o plantarse delante del juez, como ha hecho Zapatero, aportando como única defensa la supuesta superioridad moral. Los jueces no son tontos (más bien son muy listos) y, con independencia de su afinidad ideológica, lo que menos les gusta es que les acusen de ser injustos, que les den el coñazo con razones espurias y, sobre todo, que intenten tomarles el pelo. Mientras los políticos o los informadores se pueden mover en su marco discursivo, los jueces sólo tienen que valorar los indicios probatorios y calificar objetivamente los hechos.

Y los hechos son los hechos: Zapatero y sus hijas recibieron ingresos no justificados que se han blanqueado a través de una fraudulenta estructura societaria; aparece en papeles y conversaciones como actor esencial en el rescate de Plus Ultra y en otras operaciones vinculadas con la dictadura venezolana; y tiene un joyero con un valor millonario, no declarado y de origen desconocido. Hechos igualmente irrefutables afectan a Begoña Gómez: consiguió dirigir una cátedra en la mayor universidad española sin tener experiencia o méritos académicos; registró a su nombre, sin mediar transmisión o título suficiente, un software desarrollado por la Universidad Complutense; utilizó para sus actividades particulares servicios y recursos adscritos a la Presidencia del Gobierno; y firmó cartas de recomendación de la empresa de uno de sus benefactores.

Cierto es que el principio de la presunción de inocencia rige hasta que existe una sentencia firme, pero en la práctica jurídica hechos tan tajantes convierten esa presunción de inocencia en presunción o, mejor dicho, en prueba de culpabilidad, y esa culpabilidad será indefectiblemente determinada por los tribunales si no evidencian la atipicidad de esos hechos. ¡Y eso no se logra con declaraciones políticas!

En el ámbito del Gobierno los Óscares cumplen con su habitual papel, pero esta vez un desempeño muy militante le ha tocado a la gandiense Diana Morant. Esta ministra no tenía un historial muy beligerante y no se presumía ese matiz tan activista, pero se ha soltado (y esto es literal) su media melena estilo blunt bob, que estaba entre Chenoa y el Príncipe Valiente, y nos ha mostrado una insospechada cara de pan… ¡pero de pan duro!