Las intolerables amenazas del Gobierno

El Gobierno prosigue su ataque directo a la división de poderes para poder mantenerse al mando sustentado por la tenebrosa coalición que aupó a Sánchez a la presidencia tras aquella moción de censura que se amparó en una gran mentira donde se vio hasta dónde puede hacer daño la falta de independencia judicial. Sánchez y los suyos saben muy bien que necesitan controlar los resortes del poder judicial para eliminar el último de los contrapesos y poder perpetuarse en el poder sin límite alguno, por mucho que quieran revestirlo de democracia. Están haciendo cosas tan graves, tan inimaginables en una nación democrática como es España, que la Unión Europea no debería quedarse de brazos cruzados, viendo cómo se quebranta la independencia judicial, máxime cuando la propia UE ya advirtió a Sánchez de la problemática que suponía la reforma que quiso aplicar hace algún tiempo y que Bruselas le hizo paralizar. Ahora, no puede mirar hacia otro lado, permitiendo que el Gobierno introduzca cargas de profundidad contra los cimientos de nuestra democracia, porque eso es lo que puede resultar de una reforma que busca que el Gobierno controle los tres poderes. ¿O qué significa la frase repetida por el Ejecutivo en la que acusa a la oposición de no respetar el resultado electoral para reproducirlo en el poder judicial? ¿Acaso no está queriendo decir que quiere imponer una mayoría que actúe al dictado?

Desde que el sistema de elección de jueces se cambió con González -no nos olvidemos- la politización de la justicia ha sido alta, pero dentro de unos márgenes. Es algo que hay que cambiar para volver al modelo anterior y que mayoritariamente los jueces elijan a los miembros de los altos tribunales y del Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, lo que quiere hacer Sánchez no es eso, sino agravar la politización. De hecho, no es que vayan a estar más politizados, sino que los jueces serán y actuarán como políticos, por mucho que se revista el asunto. Y por si no fuera poco todo ello, el ministro Bolaños lanza advertencias que parecen más bien amenazas, tanto al principal partido de la oposición como al propio Tribunal Constitucional, al pedirle al PP que retire su recurso y decirle al Tribunal Constitucional que debe no admitirlo, porque, de lo contrario tendría «consecuencias impredecibles», apostillando que «no quiero ni pensar en las consecuencias que tendría para la democracia si fuera estimado». ¿Qué quiere decir el ministro de Presidencia con ello? Obviamente, la democracia no está en peligro si el Tribunal Constitucional lo estima, sino que está en peligro ahora, si el Gobierno puede seguir adelante con dicho atropello. Por tanto, ¿qué quiere decir el ministro? ¿Qué habrá consecuencias impredecibles porque no se va a acatar lo que diga el Tribunal Constitucional? Eso sería gravísimo y no quiero pensar que eso lo piensa el Gobierno, pero da la sensación de que podría ir por ahí. Como digo, no me parece ni siquiera imaginable, pero miedo da, especialmente cuando tanto han repetido los socialistas que los jueces no pueden parar lo que ha votado el Congreso. Eso no suena muy distinto a lo que decían los independentistas catalanes cuando llegaron a aprobar «las leyes de desconexión con España». Si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PP, el Gobierno y toda la izquierda, mal que les pese, tendrán que acatarlo, les guste o no. Estas advertencias y/o amenazas del Gobierno son intolerables.

El Ejecutivo no puede seguir así. No puede atacar la división de poderes, poner en peligro todo lo logrado desde la Transición, aliarse con los enemigos de España y, en muchos casos, de la propia democracia. Están intentando dar la vuelta a la realidad, con acusaciones gravísimas contra el centro-derecha, contra todos los partidos que lo integran, donde han llegado a insinuar que están tratando de dar un golpe de Estado, e incluso de manera más directa, como con las acusaciones a los jueces de Felipe Sicila, al comparar el golpe de Tejero con las actuaciones del Tribunal Constitucional. Si alguien está poniendo en peligro la separación de poderes, la convivencia, la democracia, la reconciliación y la prosperidad conseguida con ello, no es la oposición, ni tampoco los jueces. Son el Gobierno y sus aliados en esta huida hacia delante tratando de enfrentar a los españoles. Por eso, los socialistas contrarios a esta barbaridad deben rebelarse contra Sánchez y ofrecerse para derrocarlo mediante una moción de censura que ellos apoyen, que es la única manera de que pueda prosperar. Si no, habrá que esperar un año a que se celebren las elecciones generales, pero causa pavor pensar qué más está dispuesto a hacer Sánchez para tratar de seguir gobernando el tiempo que resta de legislatura.