La incitación al odio no puede salir gratis

Cataluña es una constante de odio. Faltos de argumentos y cada vez más divididos, los independentistas recurren con creciente asiduidad a la violencia física y verbal para tratar de consumar la falsa república catalana. Un recurso que deja bien a las claras la falta de argumentos políticos del separatismo. No obstante, y ante la laxitud del Gobierno y su operación diálogo, la Fiscalía ha de estar muy atenta y perseguir los delitos de odio que pudieran producirse en la región. La integridad física y moral de los ciudadanos está por encima de todo y, ahora mismo, ser constitucionalista al otro lado del Ebro es un riesgo evidente.

Este mismo martes, la población gerundense de Olot —donde gobierna el independentista Josep María Corominas— ha alentado el odio emitiendo en bucle el discurso de Felipe VI tras el 1-O con unos altavoces que habían colocado en las alcantarillas. Una oda a la estupidez y el mal gusto que, sin embargo, es también una manera de fomentar de manera irresponsable la tensión entre los ciudadanos. Algo que debería ser perseguido y vigilado por el Ministerio Público. La prueba de que los sediciosos están situando Cataluña al borde del enfrentamiento civil es que cada vez hay más denuncias por delitos del odio. De hecho, han aumentado en todas las provincias. Por citar dos ejemplos, en Tarragona han subido un 65% durante el último año; en Barcelona, por su parte, han pasado de 198 a 279 en el mismo lapso de tiempo.

Un contexto que alimenta de manera kamikaze Quim Torra al alentar a los violentos CDR con frases como «apretáis, y hacéis bien en apretar». Además, le siguen otros pirómanos de la política como Bernat Castro. El asesor del diputado Gabriel Rufián gritó a una periodista de OKDIARIO: «¡Ojalá os quemen la redacción!». Eso, por no hablar de JxCat, que ha propuesto que se repruebe al Rey en el Parlament así como abolir la Monarquía. Los partidos independentistas sólo quieren que la mitad de Cataluña someta a la otra mitad, que la xenofobia y la exclusión se apoderen del espacio que ocupa la democracia. Ante esto, la Fiscalía debe hacer valer el artículo 510 del Código Penal, donde se tipifican la incitación al odio y la violencia. Resulta perentorio atajar este tipo de mensajes. De otra manera, se ignoraría un caldo de cultivo que tiene todos los elementos para derivar en un enfrentamiento civil.